Migrantes ven con desilusión el desarrollo de las elecciones en Guatemala

LOS ÁNGELES — La nube de corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina terminará salpicando las próximas elecciones presidenciales guatemaltecas, así lo manifiestan líderes y activistas en el Sur de California, en donde se concentra la mayor población chapina en el exterior.

En los comicios programados para el 6 de septiembre se nombrará al Jefe de Estado que gobernará ese país durante cuatro años, a partir de enero de 2016; además, se elegirán a los 158 diputados del Congreso y a los alcaldes de los 338 municipios de la nación.

Los migrantes siguen de cerca este evento electoral, pero más allá de los cambios de nombres en los elegidos, no ven que el país pueda mejorar mientras no se realicen reformas en las leyes que limpien el sistema político.

“Queremos reformas”, demanda Rosa Posada, presidenta de la Unión de Guatemaltecos Emigrantes (UGE). “La corrupción es algo triste y eso tiene que cambiar”.

Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sacó a la luz, en abril pasado, una estructura en las aduanas, donde recibían sobornos para reducir los aranceles de las importaciones.

Esa red estaba encabezada por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ahora prófugo de la justicia; mientras que a ella le han inmovilizado sus cuentas bancarias y le han prohibido salir del país.

“Estas elecciones van a ser más de lo mismo”, manifestó Julio Villaseñor, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Guatemaltecas en Los Ángeles.

“Lastimosamente la CICIG reveló la porquería cuando ya se había calendarizado el proceso electoral; sin embargo, esperamos que la presión de la gente se mantenga con las nuevas autoridades, para que no vayan a actuar impunemente”, agregó.

Desde la sociedad civil se ha solicitado detener las elecciones y cambiar las leyes de los partidos políticos, de manera que se pueda establecer nuevas reglas para los que aspiran a cargos públicos; pero no quieren que sean los actuales diputados los que impulsen los cambios.

“Todos los candidatos están manchados y financiados por las corporaciones empresariales y militares, quienes se ven favorecidos con la corrupción; esto es un caos y un insulto a todos los guatemaltecos”, asegura Néstor Villatoro, presidente de la Asociación Guatemalteca Americana.

En ese sentido, Walter Batres, activista de la Red Nacional de Migrantes por la Dignificación de Guatemala, sostiene que “no existen las garantías constitucionales para que se realice un proceso transparante y para elegir a funcionarios con un historial limpio”.

Guatemala cuenta con cerca de 15 millones de habitantes; de ellos, según el Tribunal Supremo Electoral, al menos 7,556,873 personas podrán votar. Sin embargo, a menos de tres semanas para las elecciones, todavía el evento electoral es incierto.

A principios de semana, el abogado Alfonso Carrillo interpuso un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, en donde plantea que antes de convocarse a los comicios existían serias infracciones al proceso electoral.

“El proceso está empañado porque no se tiene la confianza en el sistema, la imagen del presidente Pérez Molina está debilitada y los que aspiran a nuevos cargos tampoco tienen credibilidad”, cuestiona Mariela Castañón, periodista del diario guatemalteco La Hora, en entrevista telefónica.

Luego de la caída de Baldetti, las manifestaciones se han enfilado hacia el presidente; como resultado de una alianza política, el mandatario evitó un antejuicio en el parlamento.

A juicio de Cristhians Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el principal interés de las movilizaciones sociales es detener las elecciones, más que en salir a votar.

Por lo tanto, sostiene el experto que las nuevas autoridades recibirán el país en un ambiente de ingobernabilidad.

“Nunca habíamos tenido un clima tan enrarecido como el de ahora”, manifestó Castillo a HOY en entrevista telefónica.

“Desde el momento en que deciden salir a la calle influyeron para la renuncia de la vicepresidenta Baldetti; eso significa que la participación no sólo es ir a votar, es acompañar a las autoridades y el próximo gobierno encontrará mayores retos para gobernar”, agrega el analista.

Si en los comicios de septiembre no hay un candidato que obtenga más del 50% de los sufragios emitidos, habrá una segunda vuelta electoral en noviembre.

Entretanto, Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso descarta que pueda darse un fraude, debido a que la comunidad internacional tiene puestos los ojos en esta nación; no obstante, admite que las reformas electorales son necesarias.

“Las reformas que está pidiendo la población son sumamente importantes, esto nos ayudaría a dar un paso más en cuanto a tener un sistema de partidos políticos limpio, sano y transparente”, dijo el diputado a HOY vía correo electrónico.

Según el Censo de 2010, en Estados Unidos viven 1,044,209 de personas de ascendencia chapina; de ellos, al menos 332,737 residen en California.

En el 2014, los migrantes enviaron 5 mil 544 millones de dólares, remesas que sirven para sostener la economía guatemalteca; no obstante, esta comunidad no tiene derecho al voto desde el exterior.