Estudiante sin documentos lucha por que le paguen por representar a alumnos en CSULB

LOS ÁNGELES/EFE — José Salazar, un joven mexicano indocumentado busca que su aporte a la comunidad de estudiantes de su universidad sea reconocido.

Salazar se convirtió en el primer presidente indocumentado del cuerpo estudiantil de Cal State Long Beach (CSULB) y ahora pretende cambiar las reglas que no permiten que se le retribuya económicamente por su trabajo.

“Vimos la necesidad de tener un presidente indocumentado para sacar a esta comunidad de las sombras, darles la motivación y decirles que todo se puede hacer, que no hay luchas imposibles”, manifestó el joven de 26 años.

Según las normas que rigen la Asociación de Estudiantes (ASI) el presidente recibe una compensación de 1.264 dólares y una beca que paga los costos de su matrícula.

Actualmente Salazar recibió la beca pero, por ser indocumentado y no tener un número de seguro social válido no es elegible para el otro pago.

“La política que queremos cambiar no lo hacemos solo por mí sino para crear espacios e incluir a los estudiantes que batallan con esto”, explicó.

La lucha del joven mexicano, oriundo de Obregón, Sonora, inició hace 18 años cuando llegó a Estados Unidos. Salzar recuerda el temor que le causaban las autoridades cuando se veía obligado a permanecer callado en lugares públicos porque no quería que le escucharan hablar español y lo identificaran como indocumentado.

Ese mismo miedo de la infancia es el que no permitió a Salazar solicitar el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“No había aplicado porque yo no quería que un benéfico para mí fuera un riesgo para mi familia, para mis padres, tenía que estar seguro que no habría riesgo de deportación y de ponernos en la mira de las autoridades”, aseguró.

La ley AB 844 en California permite a los estudiantes indocumentados en los sistemas públicos de educación superior del estado servir en los gobiernos estudiantiles y obtener pagos por los puestos a través de becas, no obstante la norma no incluye pagos en efectivo.

Salazar tiene que combinar sus estudios de ingeniería espacial con las casi 30 horas de trabajo a la semana como presidente de la ASI, que representa a más de 37 mil estudiantes, pero su nueva responsabilidad no le permite trabajar para pagar sus gastos básicos.

“Necesitamos cambiar esta política de pago porque sino estaríamos limitando la elección a solo gente con documentos, y eso no es justo”, advirtió.

Para Armando Vásquez Ramos, profesor de Estudios Chicanos de CSULB, la batalla de Salazar es similar a la de cientos de estudiantes que se sienten perseguidos por las políticas de deportación.

“Es necesario apoyar a estos jóvenes para que se reconozca su aporte a la sociedad. ¡Dejemos de discriminarlos!”, reclamó.