Defensores de los derechos humanos piden mayor escrutinio a la Patrulla Fronteriza

LOS ÁNGELES — La presión de organismos pro-inmigrantes, hacia la política de los inspectores aduanales y agentes de la Patrulla Fronteriza, exigiendo reducción en el uso de la fuerza física en su trabajo diario poco a poco va martillando; sin embargo, consideran que no es suficiente.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por su parte, reportó esta semana que en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, se registraron 768 incidentes de uso de fuerza, es decir 26% menos que el 2014 y 37% inferior al año anterior.

Shawn Morán, vicepresidente y vocero del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), entidad que aglutina a 18,000 agentes, desvirtuó que la reducción de uso de fuerza sea resultado de una política promulgada por la agencia federal.

“Lo que ha sido consistente es el profesionalismo y la moderación demostrada por nuestros agentes”, advirtió, asimismo manifestó que los miembros de la corporación federal realizan una tarea peligrosa exponiendo sus vidas para cumplir la ley.

Por esa razón, cuestionó que se pida más transparencia en la labor que realizan y defendió rotundamente el derecho al uso de la fuerza cuando sea necesario, porque considera que se mueven en un campo dominando de agendas políticas.

“Tenemos que detener el desprestigio de nuestros agentes”, demandó Morán en relación a los cuestionamientos sobre el abuso de autoridad y los señalamientos sobre la facilidad con que sacan sus armas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es una de las agencias de la ley más grandes del mundo, cuenta con más de 60,000 empleados, quienes controlan las fronteras combinando asuntos de seguridad y migración.

Entretanto, la Patrulla Fronteriza con más de 21,000 agentes se encarga de patrullar cerca de 6,000 millas de frontera terrestre de México y Canadá, así como las 2,000 millas de aguas costeras que rodean la península de la Florida y la isla de Puerto Rico.

De acuerdo a la Unión de Libertades Civiles (ACLU), los miembros de esta corporación se sobrepasan los límites de la ley y rara vez enfrentan consecuencias. Además, desde el 1 de enero de 2010 reportan 33 muertes a manos de estos agentes federales.

Mitra Ebadolahi, abogada de ACLU dedicada a la litigación en la frontera de San Diego, aseguró que la postura del liderazgo de NBPC deja al descubierto una cultura de vigilencia de tipo militar a expensas de la dignidad y vida humana.

“Los comentarios del sindicato han sido especialmente preocupantes, en vista del elevado número de muertes que se han producido específicamente del uso excesivo de fuerza de la Patrulla Fronteriza”, indicó la jurista.

Asimismo, la especialista agrega que la filial de su organización en Arizona ha documentado 142 quejas en los últimos años, donde parece que solo una ha tenido cargo disciplinario.

En ese sentido, Ebadolahi consideró que habrá un cambio “a menos que sean obligados a rendir cuenta, públicamente, por sus acciones, a menos que los agentes responsables de abusos contra los derechos humanos o civiles sean disciplinados de forma rápida y apropiada”.

A criterio de Emilio Amaya, director del Centro de Servicio Comunitario de San Bernardino, el problema radica en que los agentes fronterizos funcionan como una fuerza paramilitar y, por lo general, no le dan informe de sus acciones a nadie.

Esta organización, creada en 1998, ha insistido en denunciar las violaciones y exige que se les aplique los mismos estándares de control que se utilizan para auditar a las demás agencias de la ley.

“Lo mejor sería que se implemente una comisión civil de revisión, tal como tienen los departamentos de policía para supervisar sus acciones, eso sería lo ideal para que no haya tanto abuso”, concluyó Amaya.