Editorial: La continua lucha entre UC y los legisladores

La Junta de Rectores de la Universidad de California sobrevive a los ataques su independencia política, recibidos por parte de los legisladores que están frustrados por su falta de poder en ella.

Por eso no fue una sorpresa cuando el senador Ricardo Lara (D-Bell Gardens ), comenzó una nueva iniciativa para acortar el plazo de los rectores, limitar el plazo de sus funciones y someterlos a una aprobación del Senado Académico cada cada cuatro años. Actualmente los rectores pueden ejercer funciones en un plazo ilimitado de 12 términos (años), un sistema diseñado para permitir que permanezcan más que el gobernador -quien los nombra- y para mantenerlos libres de demasiada presión política abierta de los líderes del estado.

Se esperaba que la legislación de Lara fuera escuchada en la comisión de esta semana; sin embargo, ante el desconcierto de regentes y de la propia universidad, la reunión se pospuso indefinidamente. Aún así, éste no será el último intento de socavar la autonomía de la universidad y sus regentes.

Este es el tercer intento de Lara para limitar el poder de la junta de 26 miembros. El año pasado, la SB 376 hubiera obligado a la Universidad de California a gastar millones más cada año para pagar a los trabajadores por contrato los mismos salarios y beneficios que si fueran empleados. Sin embargo, la ley fue vetada por el gobernador Jerry Brown. En 2014, Lara propuso quitarle la autoridad constitucional a los regentes y conceder a la Legislatura un cierto control sobre las operaciones de UC, tales como la capacidad de vetar aumentos de matrícula. El senador Leland Yee propuso una legislación similar en 2009, luego de que regentes de la UC aprobaran salarios más altos para los nuevos rectores de la Universidad de California en San Francisco y UC Davis mientras que aumentaban las tasas universitarias.

Es, sin duda, exasperante para los legisladores que no pueden obligar a los regentes a hacer lo que ellos desean. Y en algunos casos, tienen motivos para estar preocupados. Lara, por ejemplo, está interesado en temas como el acceso y la asequibilidad, y cree que con más control legislativo podría lograr sus objetivos.

Pero Lara y sus colegas tienen plataformas adecuadas para abordar estas cuestiones sin tener que cambiar la Constitución de California, que establece específicamente que “la universidad será totalmente independiente de toda influencia política o sectaria, y que debe mantenerse libres de ellas en el nombramiento de sus rectores y la administración de sus asuntos. “La idea detrás de este lenguaje era proporcionar a la Junta de Rectores un refugio ante las tormentas políticas. Los términos largos estaban destinados en parte para permitirles libertad, y también tener el tiempo para desarrollar una profunda comprensión de la institución que gobiernan.

Es una fórmula que ha funcionado bien. La Universidad de California es una de las principales instituciones públicas de investigación en el mundo.

UC Berkeley está categorizado constantemente como el mejor campus universitario público de la nación. Sí, los campus de UC tienen sus tropiezos; hay preocupaciones sobre el aumento de la matrícula y por el gran número de estudiantes foráneos. La situación con el spray de pimienta a manifestantes estudiantiles en UC Davis y el intento de cubrir esta noticia -sumada a la reciente suspensión de la rectora de ese campus- son algunos de los terribles momentos en la historia de la Universidad de California, pero no sugieren deficiencias en el sistema que requieran un aumento drástico de la supervisión legislativa.

Además, los regentes no son un grupo secreto que opera sin ningún tipo de responsabilidad. El gobernador nombra a 18 de los 26 miembros, y el Senado estatal los confirma. Siete de los rectores son miembros de oficio -incluyendo el gobernador, el vicegobernador y el presidente de la Asamblea-. La Legislatura también ejerce el poder al determinar qué cantidad de fondos el sistema UC recibirá dentro del presupuesto del estado de cada año.

¿Cual es la evidencia de que conceder más poder a los legisladores sobre los rectores mejoraría el sistema de la UC? Podría ser más probable que los legisladores alteraran las cosas en lugar de hacerlas funcionar, tal vez cediendo a la misma tentación de microgestión académica a la que han sucumbido en las escuelas K-12 del estado. ¿Queremos que los profesores de UC se vean obligados a reforzar “la importancia de la elección del presidente Barack Obama”, como ha instado la legislatura a las escuelas secundarias y universidades de California? ¿Se debe advertir a los profesores de UC que no expongan a los estudiantes a material que refleje negativamente la “raza, color, credo, origen nacional, ascendencia, sexo, discapacidad, u ocupación, o que contenga ninguna doctrina o propaganda sectaria o contraria a la ley”? ¿No es mejor dejar que los académicos y educadores hagan su trabajo en lugar de que los políticos intervengan?

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Traducción: Diana Cervantes

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