Aquellos que interrumpan juntas municipales de Los Ángeles pueden enfrentar delitos criminales

Funcionarios del ayuntamiento de Los Ángeles optan por castigar con citaciones criminales a las personas que interrumpen las juntas de la ciudad.

La moción, que fue aprobada este miércoles, pide que todo participante que grite, sea irrespetuoso e impida el flujo de las juntas sea escoltado afuera de la propiedad, arrestado o citados por violación si se niegan a marcharse.

Este acto puede clasificarse como delito menor y ser castigado con seis meses de cárcel o una multa de hasta mil dólares, según la ley de California.

Pese a ser reciente, algunos activistas catalogan la moción como un arma de “abuso de poder y robo” a los derechos constitucionales de expresión.

Por su parte, el concejal Mitchell Englander, autor de la medida local, sostiene que ésta ley es necesaria.

“A menudo tenemos muchas interrupciones durante las reuniones en las que nos vemos forzados a remover a ciertos participantes. Estas son las mismas personas una y otra vez todos los días, que llegan en cada reunión para interrumpir de la misma manera”, dice Englander.

“Recientemente lo que algunos han hecho es continuar las interrupciones gritando desde el pasillo y nosotros tenemos el deber de tener ese espacio libre y seguro para que la gente que nos visita se sienta libre y protegida”, agrega Englander.

El concejal asevera que típicamente la ley requiere que la ciudad ponga un cartelón o señal que advierta a los visitantes que si las autoridades le piden a alguien que se retire del concilio, y que si la persona se niega, esta puede enfrentar cargos por infiltrar. No obstante, estos anuncios no han sido puestos dentro del ayuntamiento.

A final de cuentas, sostiene el concejal, la policía tienen la decisión final de decidir si alguien está violando la ley.

“No vas a tener una citación por infiltrar si te piden que te retires, pero si continúas interrumpiendo las actividades públicas de este edificio, entonces esto sí puede ser considerado infiltración”, agrega.

Para Norah Brown, integrante de Black Lives Matter, la moción es un “arma agresiva para la comunidad que solamente intenta ser escuchada”.

“Todos tenemos el derecho a la expresión. No considero positivo que una persona enfrente delitos por decir lo que siente… Este tipo de leyes nos quitan poco a poco nuestros derechos y nos privan de participar”, dice Brown.

David Galindo, miembro de la Red para Detener la Encarcelación, rechaza la moción pidiendo a la concilio rectificar sus alineamientos.

“Reconocemos que hay activistas muy apasionados, pero los políticos tampoco pueden abusar de su poder para… Es necesario escuchar lo que la comunidad tiene que decir aunque a veces no les guste. Para eso fueron elegidos”, dice Galindo.