No más centros de detención para migrantes en LA; activistas esperan replicar el ejemplo en otras ciudades
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Los Ángeles — El concejo de Los Ángeles dibuja la línea límite entre las autoridades de inmigración y la ciudad, con la aprobación de una regla que impide el establecimiento de centros de detención para inmigrantes indocumentados dentro de su territorio.
Sin embargo, el reglamento no es permanente. La prohibición temporal durará 45 días, con la opción de una extensión inicial de 10 meses. Al mismo tiempo, los funcionarios trabajan para hacer de este paso una medida permanente.
No obstante, los activistas pro-inmigrantes le dan la bienvenida al paso en espera de que avance.
Desde que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunciara el acceso a la matrícula gratuita durante dos años en los colegios comunitarios del Estado Dorado, muchos estudiantes parecen estar confundidos sobre quiénes califican.
La regla “establece la base de una política para demandar que se cierren todos los centros de detención a nivel nacional para que los recién llegados puedan permanecer con la familia. Es lanzar una política que deben seguir todos los estados de la nación”, dice Ángela Sanbrado, líder comunitaria.
“Muchos se preocupan de la prohibición local y la apertura de centros en áreas más remotas, pero ahí tenemos que fortalecer nuestra capacidad de monitoreo, especialmente en las fronteras”, agrega Sanbrano.
De acuerdo a la activista el trabajo no termina, “las organizaciones y líderes pro-inmigrantes necesitan asegurarse y estar atentos a cómo se trata a la gente, y dar a conocer esas situaciones para hacerle llegar información a los legisladores, oficiales electos y prensa, y así, desenmascarar la violación de derechos humanos que es inaceptable”, indica.
Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA, asevera que es una regla que debe aplaudirse aunque sostiene que la ciudad debe monitorear más a su departamento de policías en el trabajo con inmigración.
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“El consulado de México en Los Ángeles nos informa de que de 7 mil entrevista con inmigrantes detenidos, el 45 por ciento de ellos terminan en proceso de inmigración gracias a la colaboración del sheriff de Los Ángeles y la policía de Los Ángeles”, dice Gutiérrez.
“Aunque nos complace que la ciudad prohíba estos centros, también debemos pedirles cuentas a las autoridades para que se hagan respetar las leyes locales y la ley estatal que protege a los inmigrantes indocumentados”, puntualiza.
Gutiérrez culpa a la administración de la crisis migratoria y advierte que hasta que no haya un cambio presidencial, el problema va a seguir con aperturas de centros en otros lugares.
Nury Martínez, presidente del concejo de L.A., defendió la propuesta una vez más enfatizando que “la práctica de separar a los niños inmigrantes de sus padres cuando cruzan la frontera los [ha] marcado de por vida”.
Recientemente, grupos comunitarios pro-inmigrantes dieron a conocer a través de protestas que no querían este tipo de centros privados en la ciudad que se ha auto bautizado como “santuario”.
La Junta de supervisores del Condado de Los Ángeles vota a favor de instruir a los empleados de sus diferentes dependencias a que no hablen con los trabajadores federales sobre las propiedades vacantes que se encuentran disponibles dentro de la región.
Aunque la prohibición se aplica temporalmente, sostuvieron los funcionarios, esto indica que por ahora propuestas como la de la empresa privada VisionQuest, en Arleta, no seguirán en pie.
Por su parte, el portavoz de la compañía, Jeff Bender, dijo que la agencia no tenía como meta separar a las familias sino reunir a los inmigrantes con sus familias en un periodo “dentro de los 90 días posteriores a la llegada”.
“Una vez más, no estamos asociados con los centros de detención, El Congreso aprobó fondos para proporcionar estos servicios como refugios para migrantes, y estamos buscando hacer precisamente eso”, se defendió Bender.
VisionQuest obtuvo $25 millones en contratos del gobierno federal el año pasado, el gobierno operará instalaciones para inmigrantes en Texas, Nuevo México, Arizona y California, desde entonces varios grupos en diferentes estados han mostrado su oposición.
Francisco Moreno, miembro de COFEM, alaga la prohibición diciendo que las cárceles que se lucran de la comunidad vulnerable deben cerrarse o prohibirse.
“Han tomado a los inmigrantes como negocio para lucrarse. Los centros de detención van contra el espíritu del estado y de ciudad, es una lástima que existan y otros lugares los acepten”, critica Moreno.
El concejo votó el año pasado para crear una ordenanza que prohibiría la construcción y operación de instalaciones privadas de detención en Los Ángeles, pero la nueva versión incluye todo tipo de instalaciones de detención de inmigrantes. VisionQuest generalmente opera viviendas y servicios para jóvenes que han sido asignados a la empresa por un juez o servicios de acogida.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley AB-32, en octubre, que prohíbe el establecimiento de centros privados de detención para operar en el estado.
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