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Enemigos de las vacunas y activistas antimáscaras atacan a los funcionarios de salud pública, frente a sus propios hogares

Demonstrators protest the lockdown in March. These days some protesters are targeting health officials outside their homes.
Manifestantes protestan por la cuarentena y la suspensión de actividades, en marzo pasado. Ahora, algunos se manifiestan en el exterior de los domicilios de los funcionarios de salud pública.
(Jason Armond / Los Angeles Times)

Manifestantes en contra de las órdenes de llevar mascarillas para contener la pandemia de COVID-19 se congregaron recientemente frente a la casa del oficial de salud pública del condado de Contra Costa. En la acera, dibujaron una flecha, apuntando a su residencia. “Su vecino cree que tiene el poder”, escribió uno de ellos con tiza, refiriéndose al oficial de salud Chris Farnitano.

“La tiranía no es la respuesta”, escribió otro.

“Mi cuerpo, mi elección”, estaba garabateado en tiza amarilla, un grito de batalla del movimiento de derecho al aborto que más recientemente fue adoptado por aquellos contra otra medida de salud pública de California, una ley que endurece los requisitos de vacunación escolar.

Durante meses, los activistas opuestos a las vacunas se han unido a las protestas contra las restricciones destinadas a prevenir la propagación del coronavirus. Ahora, esta inusual alianza apunta directamente a los funcionarios de condados que emiten dichas órdenes.

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El domingo y luego el martes, transmitieron en vivo las protestas contra Farnitano, que se produjeron días después de que la jefa de salud del condado de Orange renunciara en medio de un intenso rechazo a su ordenanza de llevar máscaras faciales en todo el condado, y de amenazas en su contra que provocaron un despliegue de seguridad.

En línea, quienes se oponen al uso de mascarillas afirman que sus llamados a realizar manifestaciones similares frente a las casas de los funcionarios de salud pública están ganando terreno. Para muchos, eso está generando alarmas. Kat DeBurgh, de la Asociación de Oficiales de Salud de California, llamó a las protestas un ‘acto de intimidación’ y reconoció que está preocupada. Siete funcionarios de salud locales anunciaron que dejarán sus puestos, algunos de los cuales ya tenían un retiro planificado previamente, consideró DeBurgh.

Santa Clara County Public Health Director Dr. Sara Cody speaks during a news conference in San Jose
La Dra. Sara Cody, Directora de Salud Pública del condado de Santa Clara, habla durante una conferencia de prensa en San José, el 28 de febrero. Este miércoles se reveló que sufrió amenazas.
(Anda Chu / Associated Press)

“No me sorprendería que hubiera más”, agregó. “Están trabajando 80 horas a la semana durante la pandemia y luego reciben comentarios públicos amenazantes. Me preocupan las consecuencias para la salud a largo plazo en California al perder a nuestros profesionales del área más experimentados”.

El miércoles, el condado de Santa Clara dio a conocer que la Oficial de Salud Pública Sara Cody había sido amenazada, aunque proporcionó pocos detalles.

“Somos conscientes de las amenazas, y actualmente el tema está bajo investigación”, indicó el sargento del sheriff del condado de Santa Clara Michael Low, mediante un correo electrónico.

Cada uno de los condados de California debe contar con un oficial de salud pública designado, que tiene que ser médico. La junta de gobierno elegida del condado nombra al funcionario de salud, una estructura de 75 años que tiene la intención de aislar el puesto de la presión política y brindarle a la vez responsabilidad pública, explicó DeBurgh.

“Este no es un cargo que generalmente llama mucho la atención”, comentó DeBurgh. “Pueden emitir órdenes para prevenir la propagación de una enfermedad transmisible, pero generalmente lo hacen en un segundo plano, como en el caso de la tuberculosis”.

Sin embargo, con la propagación mundial del COVID-19, los funcionarios de salud locales quedaron en el centro de atención cuando publicaron medidas que, según dijeron, mantendrían seguros sus condados.

Los ataques recientes contra varios de ellos incluyen dar a conocer sus detalles personales -con quién salen o dónde viven, además de fotos manipuladas que los representan con bigotes al estilo de Hitler-. Para los defensores de la ley del año pasado que pretendían aumentar la supervisión estatal de las exenciones médicas de vacunas, el tema ya es demasiado familiar.

“Estas son las mismas tácticas que se usaron contra las vacunas”, advirtió el senador estatal Richard Pan (D-Sacramento), un médico autor de la ley de inmunizaciones. “Apuntan directamente a generar intimidación”.

Está comprobado científicamente desde hace tiempo que las vacunas ayudan a prevenir el sarampión y otras enfermedades, y que fueron fundamentales para eliminar plagas como la viruela. Ahora podrían ser la única forma de poner fin a la pandemia actual, una vez que la inmunización sea desarrollada, probada y distribuida con éxito. Pero sus opositores rechazan la ciencia de las vacunas, apuntando a veces a estudios desacreditados y teorías de conspiración.

El senador ha sido un blanco habitual de la ira de los manifestantes contra las vacunas; sus opositores lo han comparado con Hitler y llamado tirano. La creciente retórica y las tácticas contra los funcionarios de salud pública lo tienen preocupado, reconoció.

El año pasado, Pan fue acosado, maldecido y recibió amenazas de muerte. Luego, un oponente exacerbado fue arrestado después de empujar al funcionario por la espalda. Semanas más tarde, otra manifestante fue acusada de dos delitos graves luego de que supuestamente arrojó una copa menstrual llena de sangre a senadores estatales de California.

Para Pan, es difícil observar cómo la ira de quienes lo atacaron a él pasó ahora a los funcionarios de salud pública. “Estos son servidores públicos que están trabajando duro para mantenernos a salvo”, expresó. “Es importante que preservemos su seguridad también. No deben ser objeto de amenazas e intimidación. Necesitamos asegurar que sus juicios estén libre de miedo”.

Los intentos de comunicación con Farnitano y a media docena de otros funcionarios de salud pública, el martes, no tuvieron éxito; algunos declinaron hacer comentarios y otros no respondieron. Según el senador Pan, es probable que los oficiales de salud estén preocupados de enfrentar amenazas adicionales si hablan sobre el efecto de los ataques personales o a sus familias.

“Esto se está volviendo un problema cada vez más grande”, reconoció el Dr. William Tseng, médico en San Diego y ex presidente de la Sociedad Médica de ese condado. “Sé que es un momento difícil para todos, pero debemos separar la ciencia del pánico y el miedo, y confiar en ella”.

Cuando se les preguntó sobre sus tácticas, el martes, algunos activistas disputaron que sean intimidatorias contra los funcionarios de salud pública. “¿Mamás con niños y tiza en la acera resultan intimidantes?”, se preguntaron Heidi Muñoz Gleisner y otros manifestantes a través de un correo electrónico. En un video en Facebook, Gleisner agregó que se vieron obligados a protestar frente a las casas de los funcionarios porque se les rechazó en las reuniones públicas debido a las precauciones de coronavirus, y que nadie responde sus llamadas telefónicas o correos electrónicos.

Heidi Munoz Gleisner, left, and Tara Thornton, right, are detained by CHP officers at a rally against stay-at-orders in May.
Heidi Muñoz Gleisner, a la izquierda, y Tara Thornton, a la derecha, son detenidas por oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) durante una manifestación contra las órdenes de permanecer en casa, en el Capitolio estatal, el 1º de mayo.
(Rich Pedroncelli / Associated Press)

Las protestas por las ordenanzas de salir con mascarilla y las estrategias de reapertura surgieron en todo el país, incluida una realizada el martes en el condado de Orange, donde la oficial de salud, la Dra. Nichole Quick, renunció la semana pasada. En la manifestación del martes, quienes se oponen a usar máscaras faciales se enfrentaron a gritos a quienes desean que el condado restablezca la ordenanza de cubrirse la cara. Los manifestantes antimáscaras empujaban a los pro-máscara y se burlaban de ellos por desinfectarse las manos, relató Luis Alemán, de la Federación Laboral del condado de Orange, que organizó la protesta a favor de las mascarillas.

El condado de Orange se ha convertido en un foco de rechazo de las ordenanzas de utilizar cubiertas faciales. Quick emitió un decreto, el mes pasado, que exige que todos en el condado usen máscaras en público y en el trabajo cuando no pueden permanecer a seis pies de distancia. Los funcionarios electos en la Junta de Supervisores criticaron la ordenanza, mientras que algunos activistas afirmaron erróneamente que cubrirse el rostro es más peligroso que no hacerlo. Durante las reuniones públicas, los opositores liberaron su ira hacia Quick.

Leigh Dundas, una abogada que el año pasado se enfrentó a la ley de vacunación, vociferó información personal sobre Quick, incluido el nombre de su novio, e instó a la gente a que protestara frente al domicilio de la doctora. Oradores en una reunión mostraron letreros donde se veía la imagen modificada de Quick con un bigote a la Hitler, y esvásticas.

Después de que la funcionaria renunció, el nuevo oficial de salud del condado flexibilizó la orden del uso de máscaras, ante la presión de la Junta de Supervisores.

La Asociación Médica del condado de Orange dijo que la partida de Quick “crea un precedente peligroso”. Además de ella, los funcionarios de salud en los condados de Butte, Nevada, San Benito y Yolo renunciaron o se han retirado, los directores de salud del condado en Orange y San Bernardino se jubilaron, según la Asociación Médica de California (CMA, por sus siglas en inglés). Esa agrupación, que presiona en nombre de los médicos, calificó la tendencia como preocupante. Un portavoz del grupo dijo que funcionarios de salud en Alameda, San Diego, Santa Clara y otros también fueron blanco de manifestantes alineados con grupos antivacunas.

“La CMA está profundamente perturbada por la noticia de que algunos funcionarios de salud locales, muchos de los cuales han estado trabajando incansablemente durante meses, han sido objeto de ataques injustos y se han convertido en objetivos políticos”, señaló el grupo en un comunicado.

Hannah Fry y Susanne Rust, reporteras de planta de The Times, contribuyeron con este informe.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

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