California toma medidas para abaratar el aborto, mientras otros estados avanzan para restringirlo
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A pesar de que la mayoría de los estados intentan dificultar el aborto, California podría convertirlo en un procedimiento gratuito para más personas.
Los legisladores estatales debaten actualmente un proyecto de ley para eliminar los gastos de bolsillo vinculados, como los copagos y los pagos de deducibles por abortos y servicios relacionados, incluida la asesoría. La medida, aprobada por el Senado y que avanza hacia la Asamblea, se aplicaría a la mayoría de los planes de salud privados, regulados por el estado.
En lo que va del año, se introdujeron 559 restricciones al aborto en 47 legislaturas estatales, 82 de las cuales ya fueron promulgadas, señaló Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Instituto Guttmacher, una organización de investigación no partidista que estudia el aborto y la salud reproductiva. Ese ya es el tercer número más alto de restricciones adoptadas en un año desde la histórica decisión en el caso de Roe vs.Wade, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1973, que afirmó el derecho legal al aborto, señaló.
En comparación, solo unos pocos proyectos de ley, incluido el de California, facilitarían o abaratarían la interrupción del embarazo, añadió la analista.
La Legislatura estatal está evaluando el proyecto de ley al tiempo que otros consideran el destino de Roe vs. Wade. La Corte Suprema de tendencia conservadora acordó revisar este año una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de 15 semanas, y su fallo podría poner fin o debilitar la decisión de 1973. “Es difícil saber que los derechos reproductivos pueden estar en duda nuevamente, después de un fallo en vigor durante 40 años”, destacó la senadora estatal Lena González (D-Long Beach), autora del proyecto de ley de California, SB 245. “Estamos dando este paso al frente no solo para que los abortos sigan disponibles, sino para que sean gratuitos y equitativos”.
Los que se oponen a la interrupción de la gestación creen que el estado debería, en cambio, hacer que la atención del parto y la maternidad sean más asequibles, afirmó Wynette Sills, directora de Californians for Life. En lugar de brindar a las pacientes más opciones en su atención médica reproductiva y planificación familiar, este proyecto de ley promueve solo una opción, destacó. “Si estamos tratando de cuidar a los económicamente desfavorecidos, creo que es repugnante que lo mejor que podamos ofrecerles sea un aborto gratuito”, manifestó.
California ya ofrece una amplia protección para el aborto. Es uno de los seis estados que requieren que los planes de seguro médico cubran tales procedimientos, y la mayoría de los registrados en el programa estatal de Medicaid para personas de bajos ingresos, Medi-Cal, no pagan nada de su bolsillo por el procedimiento.
Cuando Bella Calamore decidió abortar, en mayo de 2020, pensó que el procedimiento sería gratuito a través de Medi-Cal. Pero en la clínica, se enteró de que su padre la había inscrito recientemente en su plan Blue Cross Blue Shield, que la hacía responsable de un copago de $600. “Financieramente, no me parecía razonable gastar eso”, enfatizó Calamore, de 22 años y residente de Riverside. La estudiante universitaria había perdido su trabajo como mesera durante la pandemia de COVID-19 y no tenía ingresos. El procedimiento le costó más que su renta de ese mes, señaló.
A cuatro meses de haber iniciado el 2021, la vida está volviendo a la normalidad a medida que los esfuerzos de vacunación reducen las infecciones de COVID-19. Pero la elevada violencia con armas de fuego de Los Ángeles no está retrocediendo a buen ritmo.
La joven se sentó en su automóvil, rodeada de manifestantes contra el aborto, e intentó averiguar qué hacer. Decidió pagar por la intervención, y en su cuenta bancaria solo quedaron $200, apenas lo suficiente para comer el resto del mes. Más tarde, Calamore se involucró con NARAL Pro-Choice America, un grupo que promueve el derecho a la interrupción del embarazo, y testificó ante el Comité de Salud del Senado.
El proyecto de ley no se aplicaría a los millones de californianos cuyos planes de seguro médico están regulados por el gobierno federal. De aproximadamente 23.000 mujeres que se someten a abortos en California cada año, cerca de 9.650 se verían afectadas por este proyecto de ley, según un análisis del Programa de Revisión de Beneficios de Salud de California.
La agencia estima que el proyecto de ley derivaría en un aumento del 1% en los abortos entre aquellos cuyos costos compartidos se eliminarían, o el equivalente a unos 100 abortos adicionales por año.
Aunque la medida probablemente no aumentaría significativamente los abortos, la exención de los costos ayudaría a quienes de otro modo tendrían que hacer sacrificios financieros, como retrasarse en el alquiler o recortar los comestibles, señaló Jessica Pinckney, directora ejecutiva de Access Reproductive Justice, un fondo que ayuda a la gente a pagar por la terminación del embarazo.
“Hemos notado que muchas personas que llaman tenían planes de seguro privados y copagos verdaderamente restrictivos o deducibles altos”, añadió Pinckney. “Realmente están creando una barrera”.
Una nueva normativa federal facilita la obtención de los resultados de las pruebas y el registro de su médico sobre su salud. Un inconveniente: Puede que usted no entienda lo que lee.
El costo de un aborto aumenta a medida que avanza el embarazo. El procedimiento con medicamentos, en el que se usan pastillas para interrumpir la gestación, les cuesta a las pacientes de California un promedio de $306 de su bolsillo, según el análisis de la agencia, pero no está disponible luego de las 10 semanas. Después de eso, la única opción es un procedimiento quirúrgico, que cuesta un promedio de $887 de su bolsillo en California. A medida que avanza el embarazo, el costo aumenta y menos proveedores están dispuestos a realizarlo. “En el momento en que una persona se entera de que está embarazada, el reloj no se detiene, al igual que la cuenta”, expuso Fabiola Carrión, abogada sénior del Programa Nacional de Ley de Salud.
Varios otros estados ampliaron el acceso al aborto este año. Nuevo México derogó su ley previa a Roe -que prohibiría el aborto si el fallo de 1973 era revocado- y Virginia derogó la prohibición de la cobertura del aborto en los planes vendidos a través del mercado estatal. Hawái amplió la categoría de profesionales médicos que pueden realizarlos, y Washington ahora requiere que los planes de salud para estudiantes con atención de maternidad también cubran abortos.
Los legisladores de Nueva Jersey consideran un proyecto de ley integral sobre el derecho al aborto que eliminaría el costo compartido de los procedimientos, pero los defensores no son optimistas sobre sus posibilidades.
Mientras tanto, este año se aprobaron prohibiciones totales a la interrupción del embarazo en Oklahoma y Arkansas, al igual que vetos después de las seis semanas de gestación en Texas, Idaho, Carolina del Sur y Oklahoma (que aprobó tres impedimentos diferentes sobre el aborto este año). Ninguna ha entrado en vigor, lo cual deja tiempo para las impugnaciones judiciales, comentó Nash, del Guttmacher Institute.
Se ha intentado eliminar los costos del aborto para las pacientes en otros estados, incluido Oregón, que adoptó una ley integral sobre el derecho a la terminación del embarazo en 2017, con un lenguaje similar al de California. Un puñado de otros estados tienen disposiciones para reducir los gastos individuales.
Los estados han aprendido, a partir de la cobertura de anticoncepción y de la experiencia de California, la cual exige que los planes de salud cubran estos procedimientos, que simplemente requerir algo no garantiza que las pacientes puedan obtenerlo, señaló Nash. “El costo compartido es una gran barrera para acceder a los servicios que debe eliminar para que las personas puedan obtener la atención necesaria”, señaló.
La mayor parte de la atención médica esencial -como las vacunas de rutina, los servicios preventivos y la anticoncepción- ya está cubierta sin costo para el paciente. Los defensores de la SB 245 remarcan que el aborto es igualmente esencial y debe tratarse de la misma manera.
La Asociación de Planes de Salud de California no está de acuerdo. Esta medida es una de varias de este año que eliminaría los costos de bolsillo por tratamientos o medicamentos, incluida la insulina y otros para enfermedades crónicas, indicó Mary Ellen Grant, vocera de la asociación. “Consideramos que es preocupante, ya que estas facturas aumentarían acumulativamente las primas para todos los afiliados al plan de salud”, escribió en un correo electrónico.
Este artículo fue producido por KHN (Kaiser Health News), uno de los tres principales programas operativos de KFF (Kaiser Family Foundation).
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