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El Dr. Lokesh Tantuwaya quedó atrapado en uno de los casos de fraude de atención médica más notorios en la historia de California cuando fue acusado de aceptar millones en sobornos para realizar una cirugía en un hospital ahora desaparecido en Long Beach.
El cirujano de columna de San Diego realizó tantas operaciones en el hospital, a unas 100 millas de su casa, que el propietario de la instalación le proporcionó un jet privado, según los registros judiciales.
Varios pacientes que operó allí lo han demandado por negligencia, incluida una mujer que alegó que su cirugía de espalda de rutina salió tan mal que tuvo que amputarle la pierna.
Tantuwaya, que fue acusado de fraude en 2018, aún no ha ido a juicio. Él se ha declarado no culpable. En junio, un juez dictaminó que corría peligro de fuga y lo confinó en una celda de la cárcel de Santa Ana para esperar su día en un tribunal federal. No respondió a las solicitudes de comentarios. Su abogado se negó a discutir el caso.
A pesar de la acusación federal, y de que Tantuwaya haya sido puesto en período de ejercicico condicional tres veces en los últimos cuatro años por la Junta Médica de California en casos separados que lo acusan de violencia doméstica, negligencia grave y deshonestidad, su licencia permanece activa.
El portavoz de la Junta, Carlos Villatoro, se negó a comentar sobre el caso de Tantuwaya, pero escribió en un correo electrónico: “La licencia del Dr. Tantuwaya fue renovada y es actual, por lo que [él] puede ejercer la medicina en California siempre que siga los términos y condiciones establecidos”.
Las graves negligencias que provocaron la pérdida de miembros, parálisis y la muerte de pacientes no fueron suficientes para que la Junta Médica de California impidiera a estos malos médicos seguir ejerciendo la medicina.
Los pacientes, defensores y otros sostienen que la Junta es demasiado indulgente con médicos como Tantuwaya.
“Si estuviera en cualquier otra profesión, le quitarían la licencia”, señaló Marian Hollingsworth, cofundadora de la Liga de Seguridad del Paciente, un grupo de víctimas y familiares de personas que resultaron heridas o murieron por negligencia médica. “Cualquier persona razonable preguntaría, ‘¿Por qué todavía tiene su licencia?’”.
Los problemas legales actuales de Tantuwaya comenzaron en el Pacific Hospital de Long Beach.
El antiguo propietario, Michael D. Drobot, fue a una prisión federal por orquestar un fraude de atención médica de casi mil millones de dólares en el que infló el costo del material de metal utilizado en cirugías de columna.
Drobot envió facturas fraudulentas por valor de cientos de millones de dólares a proveedores de seguros, gran parte de eso al sistema de seguros de compensación para trabajadores del estado. Para seguir generando esas facturas, pagó más de $50 millones en sobornos a médicos de todo el estado para que llevaran a sus pacientes al Pacific Hospital, según los fiscales.
Tantuwaya fue acusado de aceptar $3.2 millones en sobornos, que se proporcionaron en forma de efectivo, contratos falsos y un contrato de arrendamiento para el jet privado, según la acusación.
Tantuwaya, piloto con licencia, entregó su pasaporte, un millón de dólares y el jet como condiciones para ser liberado en espera de juicio, que se ha retrasado por la pandemia de COVID-19.
Permaneció libre hasta principios de este año, cuando los agentes federales se enteraron de que había comprado en secreto otro avión y había discutido instalarle un tanque de combustible extendido, “en caso de que tuviera que irse lejos”, según una moción para revocar la fianza presentada por los fiscales.
Susan del Castillo, quien indicó que ha estado saliendo con Tantuwaya desde 2019, le comentó al Times que necesita quedarse cerca de casa para cuidar a sus padres ancianos y que quiere ir a juicio para defenderse. “Nunca se ha hablado de intentar huir”, explicó.
No se menciona la participación de Tantuwaya en el caso federal en el sitio web de la Junta Médica porque no ha sido condenado. Pero su historial disciplinario es largo.
En 2014, inmovilizó a su esposa contra una pared frente a sus hijos y declaró: “Ustedes pueden irse, pero voy a matar a su madre esta noche”, según los registros de la Junta.
Cuando una de sus hijas amenazó con llamar al 911, Tantuwaya la agarró del cabello y tiró de ella al suelo para tratar de detenerla, según los registros. Ella llamó de igual manera. Fue arrestado y se declaró culpable de intentar disuadir a un testigo de denunciar un crimen y poner en peligro a un niño.
La Junta revocó su licencia, suspendió esa acción y lo puso en período de prueba por tres años, lo que le permitió seguir ejerciendo.
En 2019, la Junta dictaminó que Tantuwaya había sido gravemente negligente por no proporcionar analgésicos a un paciente después de la cirugía y que fue deshonesto durante la investigación de la Junta, creando y posfechando registros para el archivo del paciente en un aparente intento de cubrir sus huellas.
Tampoco había alertado a la Junta dentro de los 30 días de que había sido condenado por violar una orden de restricción otorgada a su esposa por la cual pasó 15 días en la cárcel.
La Junta nuevamente anuló su licencia y lo colocó en período de prueba, esta vez por dos años.
Meses después, citando más violaciones a la orden de restricción de su esposa, la Junta volvió a pasar por el proceso: revocó su licencia, suspendió la revocación y lo puso en período de prueba por cuatro años.
Incluso cuando la Junta encuentra motivos para la revocación por segunda vez, o por tercera, Villatoro comentó que la ley estatal requiere que, siempre que sea posible, “se tomen medidas que ayuden a la rehabilitación del titular de la licencia”.
Parecía un maldito mapa. Dije, “¿Qué pasó? No había nada malo con esta pierna, ¿qué fue lo que pasó?”
— TAMMY MARTINEZ, QUIEN PERDIÓ SU PIERNA IZQUIERDA DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO MAL HECHO POR TANTUWAYA
Indicó que ser demasiado duro puede llevar a costosos litigios con el médico.
Las explicaciones de la Junta ofrecen poco consuelo para la camionera de San Diego, Tammy Martínez, quien se había lastimado en el trabajo y estaba en peligro de que se le agotaran los pagos de compensación para trabajadores cuando el abogado que manejaba su reclamo la llevó con Tantuwaya en 2011.
A Martínez le pareció extraño cuando insistió en realizar la operación a más de ciento sesenta kilómetros al norte en Long Beach. Pero él le comentó que no se preocupara, que el dueño del hospital enviaría una camioneta a recogerla y pagaría su estadía en un lindo hotel. Incluso sus comidas, señaló ella en una entrevista.
Todo encajaba con el patrón de la estafa. El abogado de Martínez finalmente fue a la cárcel por recibir sobornos del propietario del hospital.
Durante la cirugía, para fusionar vértebras con herramientas metálicas, Tantuwaya y otro cirujano que lo asistió no notaron que la circulación se cortó en la pierna izquierda de Martínez, según su demanda. Un miembro del personal del hospital señaló después de la operación que el pie izquierdo de Martínez estaba frío, pálido y no tenía pulso.
El otro cirujano comenzó una trombectomía de emergencia, una búsqueda de coágulos de sangre u otros bloqueos en sus arterias y venas, pero el hospital carecía del equipo para hacerlo correctamente, según la demanda.
Martínez, quien indicó que estuvo inconsciente todo el tiempo, se despertó con un dolor insoportable y encontró su pierna cubierta de cicatrices quirúrgicas. “Parecía un maldito mapa”, comentó Martínez. “Dije, ¿Qué pasó? No había nada malo con esta pierna, hombre, ¿qué está sucediendo?”.
Permaneció en el Pacific Hospital seis días, hasta que Tantuwaya y otro médico determinaron que era seguro darla de alta, según su demanda.
Treinta y seis horas después, Martínez tenía tanto dolor que condujo ella misma en medio de la noche al Tri-City Medical Center en Oceanside, donde los cirujanos determinaron que su pierna estaba gangrenosa y tendría que ser amputada. Ella recuerda que uno de ellos le dio la noticia al poner la mano en su hombro y decirle: “Cariño, esto nunca debería haberte sucedido”.
Tantuwaya culpó al otro cirujano y al personal del Pacific Hospital, pero reconoció que autorizó el alta para Martínez y resolvió su parte del caso por $500.000, según una moción presentada por su abogado.
Martínez, de 62 años, comentó que la parte más difícil de sobrellevar las amputaciones (tenía dos, una debajo de la rodilla y luego, más adelante, arriba de la rodilla) es no poder jugar béisbol y baloncesto con sus nietos.
La pérdida de su carrera conduciendo camiones también fue devastadora. “Me quitó el empleo. Siempre había tenido que laborar por un salario mínimo porque todo el tiempo he estado recibiendo asistencia social, hasta que finalmente tuve un maldito buen trabajo en el que podía mantenerme a mí y a mis hijos”.
La Junta Médica no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra Tantuwaya relacionada con su caso.
En una audiencia de fianza reciente en la corte federal de Santa Ana, la abogada de defensa criminal de Tantuwaya, Karren Kenney, se negó a discutir su historial disciplinario.
Pero tenía una copia impresa de un extenso correo electrónico que el reportero envió la noche anterior con una lista de preguntas y una explicación de que el reportaje trataba sobre médicos conflictivos a los que se les permite seguir ejerciendo.
“Describirlo como ‘conflictivo’ es preocupante”, indicó Kenney, poco antes de unirse a Tantuwaya en la mesa de la defensa.
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