Detectives del Departamento del Sheriff de L.A enfrentan cargos tras ser acusados por un compañero de mentir

La búsqueda de una casa en el este de Los Ángeles por parte de los detectives de pandillas del Departamento del Sheriff del Condado arrojó un botín considerable: un rifle de asalto y otras armas, una gran cantidad de metanfetamina, algo de heroína, bolsas de plástico y una balanza utilizada en el tráfico de drogas.

Dos hombres fueron detenidos ese sábado de 2018 y, tras el registro, el detective Pedro Guerrero-González, el investigador principal, se acercó a otro detective con una pregunta sorprendente: ¿Estaría dispuesto a decir que había visto a uno de los sospechosos sosteniendo el rifle antes de tirarlo al suelo?

“Le respondí que no, que eso no fue lo que pasó y que no iba a decir eso”, comentó el detective Jason McGinty, en mayo, durante un testimonio secreto ante un gran jurado en una sala de audiencias en el centro de la ciudad. Los detectives habían encontrado el rifle en un estuche y ninguno de los sospechosos lo había tocado, indicó.

Sin inmutarse, Guerrero-González, de 34 años, escribió en su informe de la inspección que McGinty había hecho la afirmación sobre el hombre que arrojó el rifle, señaló un fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles a los miembros del gran jurado. Otro detective, Noel López, de 41 años, también incluyó el presunto detalle falso en una declaración jurada, según el fiscal.

Ambos detectives ahora enfrentan cargos criminales que alegan que mintieron en la investigación de drogas y armas. Ellos se han declarado no culpables.

El relato de McGinty sobre la confrontación con Guerrero-González y otros detalles de lo que llevó a la acusación de los detectives en mayo se establecieron en una transcripción de los procedimientos del gran jurado que el juez del Tribunal Superior, Michael García, hizo pública la semana pasada. En una audiencia, los abogados que representan a los detectives se opusieron a una solicitud del Times de publicar la transcripción, pidiendo al juez que la mantuviera sellada hasta que pudieran impugnar las acusaciones contra sus clientes.

Al solicitar la acusación, el fiscal de distrito sustituto, Christopher Baker, le comentó al gran jurado que el caso se reduce a dos detectives que presionaron a un tercero para que mintiera.

“Cuando un agente, un detective, un oficial del orden público está testificando bajo juramento, tenemos que confiar en ellos”, comentó Baker. “Debemos confiar en que están diciendo la verdad”.

Los cargos contra los detectives provienen de una redada de drogas en septiembre de 2018. Los investigadores del Departamento del Sheriff de la oficina de Operación Calles Seguras se dirigieron a la casa en Rowan Avenue del Este de Los Ángeles después de recibir una pista de un informante confidencial, testificó McGinty.

Cuando el equipo entró a la casa, McGinty fue el primero en llegar al dormitorio donde se encontraron los dos hombres, el rifle y las drogas.

Guerrero-González lo alcanzó rápidamente y registraron a los hombres y la habitación. Después, cuando McGinty le respondió a Guerrero-González que no mentiría, indicó que el investigador parecía estupefacto.

“Yo había dicho, como para aliviarlo: ‘Oye, si vas a hablar con ellos y te dicen algo o si es algo que has visto, entonces lo pones en el informe, pero no pongas algo que no vi o que no dije’”, testificó McGinty.

Guerrero-González se alejó.

Mientras aún estaba en la casa, López, a quien McGinty consideraba su mentor, planteó la misma pregunta, según el testimonio de este último agente. ¿Hubo algún problema, preguntó López, con él diciendo que uno de los hombres arrestados había arrojado el arma?

Nuevamente, McGinty protestó, argumentando que no fue lo que sucedió.

López no mencionó nada, pero McGinty testificó que sintió un cambio de humor entre ellos, dejándolo incómodo.

“Fue en contra de mi cultura, en contra de mis valores. Simplemente fue en contra de todo”, señaló.

McGinty recordó ante el gran jurado que le contó a su esposa lo que sucedió cuando regresó a casa después de la redada de drogas. Al hablar de ello, decidió renunciar al Departamento del Sheriff. Le dio a su capitán su carta de renuncia, argumentando que estaba lidiando con un problema familiar.

Un teniente lo convenció de que se quedara.

Pasó un año y McGinty estaba trabajando un turno de horas extra cuando recibió una citación para testificar en una audiencia preliminar en el caso de drogas y armas. En la audiencia, un juez decidiría si había pruebas suficientes contra los hombres para continuar con el asunto.

Con la esperanza de testificar, McGinty miró el informe presentado en el caso para refrescar su memoria.

“Vi un montón de mentiras”, testificó el oficial.

El informe de Guerrero-González indicó que McGinty señaló que había visto a uno de los hombres tirar el estuche con el rifle adentro en el piso. La fiscal que presentó el caso contra los hombres testificó en los procedimientos del gran jurado que se había basado en la declaración de McGinty para presentar cargos por armas de fuego contra el hombre.

“Eso era evidencia de que poseía el arma”, declaró el fiscal al gran jurado.

El acusado también testificó en la audiencia del gran jurado, alegando que el rifle de asalto no era suyo y que sostenía un controlador de videojuego y su teléfono celular cuando la policía apareció en la puerta.

McGinty denunció el documento presuntamente fabricado a la Oficina de Investigaciones Criminales Internas del Departamento del Sheriff, que investiga las acusaciones penales contra los agentes.

Días después, los fiscales se movilizaron para retirar los cargos penales contra los dos hombres antes de que se llevara a cabo la audiencia preliminar.

Pasaron casi dos años antes de que los fiscales presentaran cargos contra los dos detectives. Guerrero-González enfrenta un cargo de delito grave por entregar un informe falso, y López enfrenta un cargo por falsa declaración. Los detectives fueron suspendidos sin paga en junio, comunicó un portavoz del Departamento del Sheriff.

Ni el Departamento ni la oficina del fiscal de distrito han explicado la demora. La oficina del fiscal también se negó a indicar si los procuradores están revisando otros casos penales en los que Guerrero-González y López estuvieron involucrados en busca de indicios de deshonestidad.

La abogada de Guerrero-González, Vicki Podberesky, señaló que el gran jurado no escuchó testimonios de otros agentes involucrados en la redada de drogas que hubieran socavado el caso contra los detectives.

El abogado de López, Joshua Ritter, señaló que cree que el caso es parte de un esfuerzo “políticamente motivado” por el fiscal de distrito George Gascón para demostrar que está cumpliendo una promesa de campaña de responsabilizar a los agentes de policía.

Según las transcripciones, se resumió al gran jurado las declaraciones que López y otros agentes dieron sobre la redada.

En su declaración, López afirmó que escuchó a McGinty decirle a alguien que vio a uno de los sospechosos sosteniendo o arrojando un arma, pero no recordaba con quién estaba hablando McGinty, indicó el fiscal al gran jurado. López también agregó que no recordaba haber escrito la declaración que incluía la supuesta mentira y que, debido a fallas en las computadoras, otros detectives comúnmente usaban la suya.

Baker, el fiscal, planteó una pregunta al gran jurado: Si McGinty hubiera estado de acuerdo con la mentira: “¿Quién lo hubiera sabido? ¿Y qué importaba?”. El hombre que fue arrestado, comentó, “probablemente no tramaba nada bueno, ¿verdad?”.

“El problema es que es mentira. Y el problema con esa mentira es que es un crimen”, señaló Baker.

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