Toma fuerza la batalla política y legal por los santuarios de indocumentados

EFE

Abr. 13, 2017 11:36 AM PT

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Los Ángeles — La batalla política y legal entre la Administración del presidente Donald Trump y las ciudades y jurisdicciones “santuario” toma fuerza y amenaza con llegar a la Corte Suprema y provocar el cierre parcial del Gobierno federal.

Mientras avanzan en buena parte del país proyectos de ley tanto para declarar “santuario” para indocumentados como para prohibir esta posibilidad, la lucha se centra en los fondos federales que Trump ha amenazado con cortar a las jurisdicciones que rechazan colaborar con Inmigración en esta materia de competencia federal.

En el plano político, en el Congreso se debate la nueva ley de gasto, que podría ser bloqueada por los demócratas este mes en caso de que incluya una cláusula que bloquee fondos a estados, condados, ciudades o entes locales que no colaboren con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Y no son pocas, pues Philip Wolgin, director asociado de Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), dijo a Efe que hay “más de 600 ciudades y condados -al igual que varios estados- que han adoptado políticas que limitan la asistencia que las autoridades locales ofrecen las autoridades federales de inmigración”.

El 28 de abril es la fecha límite para que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas y estos últimos ya amenazaron con forzar el cierre parcial del Gobierno si en el texto se incluye una partida para la construcción del muro fronterizo con México.

Para complicar la situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso este martes ir más lejos y destinar los fondos que no se enviarían a las jurisdicciones “santuario” para construir el muro.

No en vano Texas es uno de los estados más beligerantes con los “santuario” y Abbot aseguró en una entrevista con la periodista Laura Ingraham que ya cortó una partida de 1,5 millones de dólares al condado de Travis, donde se asienta la capital estatal, Austin, por este motivo, y recomendó a Washington seguir su ejemplo.

Texas es uno de los más de 30 estados del país donde los legisladores han presentado medidas para prevenir que las ciudades o los condados actúen como jurisdicción de protección de los indocumentados ante las agencias federales.

Uno de ellos es Misisipi, donde esta semana el gobernador Phil Bryant firmó una ley que prohíbe expresamente adoptar medidas que conlleven que no se colabore en los esfuerzos de Trump por deportar a indocumentados.

En el otro extremo está la poderosa California, donde la medida que busca declararla como “estado santuario” ya fue aprobada por el Senado y ya avanza en su proceso en la Asamblea. Junto al Estado Dorado figuran Illinois, Maryland, Nevada y Nueva York, que impulsan medidas similares.

Los argumentos de un lado y otro están sazonados con estudios que en un caso garantizan que las ciudades con un mayor número de indocumentados son más seguras, mientras otros muestran que la declaración de “santuario” implica un aumento de delitos violentos.

Mientras las batallas políticas no se detienen, los enfrentamientos legales van abriéndose camino, y este viernes, San Francisco y el californiano condado de Santa Clara presentarán una petición judicial para bloquear la orden ejecutiva de Trump que recorta fondos federales a las jurisdicciones “santuario”.

Para la profesora de leyes Sheila Kennedy, de la Universidad de Indiana Purdue, esta orden ejecutiva “viola la Décima enmienda que protege los derechos de los estados contra la intrusión federal”.

La jurista explicó a Efe que casos previos de la Corte Suprema, incluida la expansión obligatoria de Medicaid en todos los estados ordenada por la Ley de Salud Asequible (ACA), más conocida como Obamacare, fueron declarados inconstitucionales por los magistrados.

Sin embargo, desde esta semana la Corte Suprema tiene un nuevo miembro, el juez conservador Neil Gorsuch, con el que se prolonga la hegemonía conservadora en la máxima instancia judicial del país, lo que podría definir esta batalla.

El Gobierno federal mantiene mientras tanto su presión y el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró esta martes que en los Estados Unidos “comienza una nueva era” en la aplicación de las leyes de inmigración: la “era Trump”.

En este nuevo modelo, la “prioridad”, dijo Sessions en una conferencia de prensa junto al muro fronterizo con México en Nogales (Arizona), es ejecutar las leyes migratorias y anunció un nuevo paquete de medidas para ampliar y acelerar la deportación de indocumentados.

Enfrente tendrá a centenares de jurisdicciones que no están dispuestas a colaborar en la aplicación de las leyes que no son de su competencia.

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