La migra tiene ‘poderes extraordinarios’ dentro de 100 millas de zona fronteriza
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Chicago — A pesar de que La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a los residentes de paradas y búsquedas arbitrarias y al azar por agentes federales, no siempre aplica a aquellos que se encuentran dentro de la “zona fronteriza” a 100 millas (160 kilómetros) al interior de Estados Unidos, según regulaciones federales.
De hecho, dos tercios de la población del país, más de 200 millones de ciudadanos, viven dentro de estas áreas fronterizas, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Dado que Michigan está rodeado por los Grandes Lagos, la “zona fronteriza” cubre la totalidad del estado.
Una docena de estados en el perímetro del país se consideran “fronterizos” casi por completo.
A los agentes federales se les otorgan “poderes extraordinarios” para buscar personas o vehículos sin una orden de un juez en estas zonas fronterizas.
Pero su jurisdicción en esas zonas no significa que los agentes federales tengan poderes ilimitados.
Los agentes no pueden detener a alguien sin “sospecha razonable” de una violación de inmigración o un delito, y no pueden revisar un vehículo sin una orden judicial o una “causa probable”, según ACLU.
La zona fronteriza de 100 millas se estableció en 1953 por el Departamento de Justicia. En ese momento, había menos de 1,100 agentes de la Patrulla Fronteriza en todo el país; hoy, hay más de 21,000.
Nueve de las 10 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, según el Censo de 2010, también caen dentro de la zona afectada: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego y San José.
En la práctica, los agentes de la Patrulla Fronteriza rutinariamente ignoran o malinterpretan los límites de su autoridad legal en el curso de paradas individuales, argumenta ACLU, lo que resulta en violaciones de los derechos constitucionales de personas inocentes.
Estos problemas se ven agravados por el entrenamiento inadecuado de los agentes de la Patrulla Fronteriza, la falta de supervisión del Buró de Vigilancia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró ACLU.
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