Coalición de estados presenta argumentos al Supremo sobre pregunta ciudadanía

Nueva York — Una coalición de estados y de gobiernos locales, entre ellos Nueva York, presentó hoy un documento ante la Corte Suprema de EE.UU. en la que argumentan sobre su repudio a que la Administración del presidente Donald Trump incluya una pregunta sobre ciudadanía en el próximo Censo del 2020.

La acción legal surge porque el más alto foro judicial del país realizará una audiencia sobre el tema el próximo 23 de abril para decidir si la pregunta, que fue descartada del Censo desde el 1950, puede ser reinstalada por la Administración Trump.

“El Gobierno federal está legalmente obligado a realizar un recuento preciso de la gente de este país cada diez años. Lo minucioso y preciso de este recuento es fundamental: determina la asignación de asientos en el Congreso y los fondos para municipios y localidades”, señala el documento legal, explicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

Asegura que cualquier desviación en este recuento, especialmente el que afecta algunos estados y localidades más que a otros, “tendrá implicaciones trascendentales y duraderas para estados, comunidades y nuestra capacidad para apoyar a sus residentes”.

Indican además en el documento los 16 estados y 18 gobiernos locales, que el intento de incluir la pregunta es contraria a las responsabilidades básicas del Gobierno federal “de proteger y servir a nuestro país” y que causaría un temor extendido en comunidades inmigrantes que afectaría el recuento preciso del Censo.

El anuncio el año pasado del director del Departamento de Comercio, Wilbur Ross, -que tiene a cargo el Censo- de que se busca preguntar a los residentes de EE.UU. sobre su ciudadanía, en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo, fue criticada por grupos proinmigrantes, de derechos civiles y políticos.

Los que se oponen han señalado que incluir nuevamente la pregunta infunde temor entre indocumentados, que no contestarán el Censo por miedo a ser localizados por el Gobierno y ser deportados.

Tanto el gobierno como los opositores a la pregunta acordaron que el tribunal debe resolver el asunto rápidamente porque los formularios del Censo deben imprimirse pronto.

“Sencillamente, no podemos permitir que nadie quede fuera”, indicó la coalición en el documento.