Un pandillero mató a un policía nueve días después de salir de la cárcel: ¿La culpa es de las reformas en la justicia de California?

En el acalorado debate sobre los intentos de California para reducir su población carcelaria, el caso de Michael Christopher Mejía se convirtió en un grito de guerra político.

Pandillero reconocido, Mejía fue acusado en 2017 de dispararle a dos policías de Whittier, un crimen que el alcalde de la ciudad y muchos agentes del orden consideraron una clara evidencia del fracaso de las leyes con sentencias menos estrictas. ¿Por qué -se preguntaron- estaba Mejía siquiera en las calles?

El asesinato del oficial Keith Boyer y las heridas infligidas a otro policía, impulsaron un movimiento para pedirles a los votantes estatales este noviembre que reviertan algunos de los recientes cambios en las leyes de sentencias y el sistema penitenciario.

Pero una revisión del caso por parte de The Times y The Marshall Project halló una cadena de eventos mucho más compleja, que le permitió a Mejía seguir en libertad a pesar de su historial criminal.

Los hallazgos confidenciales de expertos en justicia penal nombrados por el condado de Los Ángeles, para examinar el caso de Mejía, identificaron fallas locales en la aplicación de la ley que tenían poco que ver con las reformas de la justicia estatal.

El grupo concluyó que a Mejía se le permitía entrar y salir de la cárcel con poco castigo o tratamiento para sus crecientes problemas con las drogas, porque las agencias del condado no documentaban todas sus transgresiones, no compartían información importante entre ellas y le dieron una cantidad excesiva de oportunidades mientras él seguía rompiendo los términos de su supervisión, según informes confidenciales del condado.

A la vez, los registros judiciales revisados por The Times y The Marshall Project muestran que la oficina del fiscal del distrito perdió la oportunidad de encarcelar a Mejía y derivarlo a un tratamiento de rehabilitación de drogas durante varios meses, en las semanas previas a los disparos.

Los documentos proporcionan nuevos detalles importantes sobre un caso que jugó un papel clave en el debate político sobre si las reformas de la justicia penal en California han ido demasiado lejos.

El estado se convirtió en un líder nacional en materia de suavizar las duras normas de sentencia impuestas durante los años noventa. Muchos en las agencias locales del orden sostienen que las liberaciones de prisión y los cambios en las sentencias provocaron un aumento del delito en algunas áreas, aunque los partidarios del movimiento reformista lo cuestionan.

Uno de los expertos en el panel del condado, que revisó el caso de Mejía, destacó que los hallazgos del grupo no desacreditaron los recientes cambios en el sistema penitenciario o en las leyes de sentencia de California.

“Si la premisa es que este es el caso perfecto para mostrar defectos, simplemente no creo que se pueda señalar y decir que muestra las fallas”, aseveró Cynthia Hernández, una abogada que se desempeñó como monitor independiente del departamento de libertad condicional del condado. “Por supuesto que hubiéramos querido un resultado distinto; es una tragedia. Pero sería muy difícil encontrar el enlace”.

Otro miembro del panel, el jefe de policía de Arcadia, Bob Guthrie, reconoció que la reducción masiva de la población carcelaria del estado es un importante telón de fondo en el caso de Mejía.

“Nunca dije que haya una conexión directa; tampoco lo haré ahora”, aseveró Guthrie, quien no quiso hacer comentarios sobre los hallazgos del informe. “¿Creo que hay una correlación? Sí, lo creo. Lo que Mejía hubiera hecho sin el recorte de la población carcelaria, nunca lo sabremos”.

Guthrie, presidente de la Asociación de Jefes de Policía del Condado de Los Ángeles, indicó que algunos de los cambios dificultaron para las autoridades encarcelar a los delincuentes reincidentes que son sorprendidos cometiendo crímenes de menor nivel. Una iniciativa de 2014 que convirtió muchas ofensas con drogas en delitos menores, dijo, quitó una herramienta importante para obligar a las personas a un tratamiento de rehabilitación que sería monitoreado por los tribunales.

Informe no revelado

Otros miembros del panel, compuesto por 22 personas, se negaron a hacer comentarios, diciendo que el condado les había exigido firmar un acuerdo de confidencialidad sobre su trabajo. Los letrados del condado rechazaron varios pedidos para hacer públicas las conclusiones del grupo.

El tiroteo a los oficiales de policía de Whittier ocurrió horas después de que Mejía matara a su primo. Al día siguiente, la Junta de Supervisores ordenó a las agencias del condado que examinaran la supervisión hecha por sus oficiales de libertad condicional después de su liberación de prisión, en 2016. El comité incluyó a representantes del departamento de libertad condicional del condado, de la oficina del fiscal de distrito y del Departamento del Sheriff, así como a expertos externos.

Estos fueron algunos de los hallazgos:

• El oficial de libertad condicional de Mejía empleó una cantidad “excesiva” de encarcelamientos breves, con el objetivo de detener su mal comportamiento. En lugar de ello, la supervisión del recluso debió ser revocada, enviándolo a la cárcel por más tiempo.
• Mejía, que tenía un historial de abuso de drogas, debió haberse sometido a exámenes para detectar sustancias en cuanto fue puesto en libertad. Pero el condado esperó hasta que el sujeto admitió haber consumido heroína y solicitó ayuda. Incluso entonces, el condado demoró dos semanas antes de someterlo a una prueba inicial de tratamiento por drogas, a la cual no se presentó.
• Cuando finalmente el departamento de libertad condicional decidió endurecer los términos, un oficial recomendó que Mejía pasara tres meses en la cárcel seguidos de un tratamiento residencial de rehabilitación ordenado por la corte. Pero el fiscal que maneja el caso no incluyó al oficial de libertad condicional en las negociaciones declaratorias, por lo cual no estaba al tanto del alcance de la creciente actividad de Mejía con las drogas y las pandillas. El fiscal solicitó a un magistrado que enviara a Mejía a la cárcel solo por un mes.

El panel sugirió una serie de soluciones, incluida la detección y el tratamiento por drogas en la cárcel; requerir que el personal de rehabilitación antidrogas notificara a los oficiales de libertad condicional cuando el sujeto faltara a la cita; y limitar el número de estancias cortas en la cárcel para delincuentes de alto riesgo antes de revocar la libertad condicional. El comité también recomendó que se permitiera al estado -en lugar del condado- supervisar a algunos delincuentes que tienen antecedentes de delitos violentos, cuando salen de prisión.

Los oficiales de libertad condicional se negaron a comentar sobre los hallazgos del informe.

La fiscalía defendió su manejo en el caso de Mejía y, mediante un comunicado, afirmó que el lapso de un mes de cárcel pedido por el fiscal fue “apropiado, ya que el objetivo de este proceso es estabilizar al delincuente y obtener el cumplimiento”. Desde el tiroteo, destacó la oficina, los fiscales ahora normalmente solicitan tres meses en la cárcel cuando un delincuente adicto es atrapado con narcóticos mientras está en libertad condicional.

“Basta es basta”

El alcalde de Whittier, Joe Vinatieri, no discute las conclusiones del informe sobre los problemas a nivel local, pero remarcó que es momento de revisar las leyes destinadas a reducir la población carcelaria de California. El funcionario ve un vínculo directo entre esas leyes y el asesinato de Boyer, particularmente en la decisión del estado de trasladar la responsabilidad al condado para supervisar a muchos exprisioneros como Mejía.

“¿Cuántos oficiales más serán asesinados?”, preguntó. “Basta es basta”.

Vinatieri respalda una medida electoral propuesta que bloquearía la libertad anticipada de muchos presos, endurecería los castigos por robo en serie y limitaría la cantidad de oportunidades que se les da a los delincuentes que violan repetidamente los términos de su liberación.

La ley de 2018 “Reducir el delito y mantener la seguridad en California” menciona al oficial de Whittier asesinado por su nombre y cita a Mejía como el tipo de “delincuentes violentos a quienes se les permite seguir libres en nuestras comunidades, incluso cuando cometen nuevos crímenes y violan los términos de sus supervisión comunitaria posterior a la liberación”.

Los partidarios de la iniciativa están reuniendo firmas para sumar la medida a la boleta electoral de noviembre.

El experimento de California para reducir el encarcelamiento comenzó bajo presión, con un caso de derechos civiles en el que los tribunales federales consideraron que las prisiones del estado estaban tan sobrepobladas que los internos morían en ellas.

La Corte Suprema de los EE.UU. aprobó un límite al número de reclusos en las prisiones. Los legisladores estatales respondieron aprobando el Proyecto de Ley de la Asamblea 109 (AB 109), conocido como realineación, que redujo la población carcelaria al trasladar a los condados la carga de albergar y supervisar a miles de presos condenados por delitos no violentos ni graves.

Hasta entonces, los oficiales de libertad condicional estatales seguían vigilando a los delincuentes que habían sido liberados de prisión, mientras que sus pares de condados supervisaban principalmente a aquellos de menor rango que habían reincidido. Después de 2011, los oficiales de libertad condicional de condados fueron repentinamente responsabilizados por el monitoreo de las personas con antecedentes penales mucho más grandes y por crímenes más serios.

Muchos funcionarios del orden y fiscales señalan que a los oficiales de libertad condicional nunca se los preparó para manejar a estos delincuentes serios. Antes de los recortes en las prisiones, las personas bajo libertad condicional que infringían los términos de su liberación podían ser reencarceladas hasta por un año. Con el sistema actual, aquellos en libertad condicional que violan la supervisión del condado pueden ser enviados a la cárcel del condado únicamente por hasta un máximo de seis meses.

Los críticos de los cambios argumentan que, incluso cuando los delincuentes violan la libertad condicional, son enviados a cárceles del condado sobrepobladas, donde pueden cumplir una fracción de su condena porque no hay espacio.

Pero los expertos que estudiaron las cárceles estatales y el sistema para supervisar a antiguos presos dicen que, antes de los recortes, el sistema de libertad condicional de California funcionaba mejor. De todos modos no está claro, indicaron, si Mejía hubiera pasado más tiempo tras las rejas bajo el marco de las viejas reglas.

Quienes violan la libertad condicional rara vez cumplen más de unos pocos meses en el sistema de prisiones superpobladas, y muchas infracciones quedan impunes, destacó Ryken Grattet, profesor de sociología en UC Davis, que trabajó como investigador principal del Departamento Correccional y Rehabilitación de California.

El debate sobre el caso Mejía se ha complicado aún más con sus propias palabras. En una errante confesión a los detectives de homicidios, días después del asesinato de Boyer, el delincuente citó el proyecto AB 109 para explicar sus acciones.

“Quiero decir, deberían habernos dejado en libertad condicional”, declaró Mejía. “En lugar de gastar dinero en AB 109; gástenlo en niños que tienen cáncer, en niños que lo necesitan, en lugar de nosotros, ¿me comprenden? Es por eso que lo hice”.

Los defensores de la medida electoral argumentan que la declaración de Mejía muestra que los recortes en las prisiones han generado la situación.

“El propio criminal dijo: ‘Lo hice por el proyecto AB 109’”, afirmó Michele Hanisee, presidenta del gremio que representa a los fiscales del condado de L.A.

Pero una transcripción de la entrevista completa obtenida por The Times y The Marshall Project muestra que la principal queja de Mejía era que la supervisión en el marco de AB 109 se había endurecido demasiado para él y otros miembros de pandillas. “Siempre quieren encerrarnos, encerrarnos, darnos más tiempo [de condena]”, aseveró.

Conocido por su apodo pandillero de Stomper, Mejía fue a prisión por primera vez en 2010, condenado por un robo en el cual golpeó a la víctima con un bate de béisbol.

Después de su liberación, fue supervisado por oficiales estatales de libertad condicional. Evadió a la justicia dos veces durante el beneficio y, en un momento dado, fue encarcelado durante nueve días por violar los términos de su liberación, de acuerdo con los registros del estado y del condado. Pero no volvió a prisión hasta julio de 2014, cuando fue condenado por robar el automóvil de un pariente.

En abril de 2016, fue liberado y regresó a la casa de su familia, en el este de Los Ángeles. Debido a que su último delito no había sido violento, fue puesto bajo supervisión del condado.

Los oficiales de libertad condicional lo consideraron de alto riesgo, y era supervisado por una unidad especial creada en respuesta a los recortes en las prisiones.

Los registros del condado y de la corte muestran que incumplió repetidamente los términos de su libertad condicional, como evitar la actividad con pandillas y mantenerse alejado de las drogas.

Mejía se tatuó el nombre de su pandilla, “Winter Gardens” en su espalda, y “WG” en su rostro. Los agentes de libertad condicional encontraron heroína y agujas en su sala de estar. También descubrieron que pasaba tiempo con otros pandilleros. En un momento dado, admitió que consumía heroína cada dos días y pidió ayuda.

Los oficiales de libertad condicional intentaron varias soluciones, según los registros. Le prohibieron hacerse nuevos tatuajes. Le hicieron pruebas para detectar drogas en su cuerpo y lo remitieron a un programa de tratamiento. También lo enviaron a la cárcel del condado tres veces entre julio y diciembre, durante 10 días cada vez. Estas estancias cortas llamadas ‘flashes’, están diseñadas como un castigo rápido y claro para interrumpir el mal comportamiento.

En enero de 2017, los agentes del sheriff encontraron una bolsita de metanfetamina en la casa de Mejía. Fue encarcelado por cuarta vez y su agente de libertad condicional se movió para revocar el privilegio al delincuente, de 26 años de edad.

La pena máxima fue de seis meses en la cárcel, pero el agente solicitó tres meses, seguidos de un tratamiento de rehabilitación con internación ordenado por la corte. Una portavoz del departamento de libertad condicional informó que dicho tratamiento generalmente dura hasta 90 días.

El fiscal le ofreció a Mejía un acuerdo de culpabilidad por un mes. En una breve audiencia en la corte, el juez le dijo al delincuente que su agente de libertad condicional podría derivarlo a un tratamiento ambulatorio de drogas cuando saliera de la cárcel, pero no ordenó su internación.

Con crédito por el tiempo que ya había cumplido en la cárcel, Mejía fue liberado dos días después, según los registros del condado. Entonces le dijo a su oficial de libertad condicional que comenzaría a trabajar en la construcción con su padre. También prometió comenzar el tratamiento con metadona, para paliar el consumo de heroína.

Días más tarde, los agentes recibieron una llamada al 911 desde la casa de Mejía. Cuando llegaron, él huyó. Fue encarcelado por quinta vez, por otros 10 días.

El 11 de febrero de ese año fue liberado nuevamente. Su oficial de libertad condicional lo derivó a una rehabilitación antidrogas con internación, a partir del 15 de febrero. Pero cinco días después, según los fiscales, baleó y mató a su primo, robó un automóvil y lo estrelló.

Cuando dos policías de Whittier respondieron a la colisión, Mejía abrió fuego. En el hecho mató a Boyer e hirió al oficial Patrick Hazell, según las autoridades.

Días después, los detectives de homicidios le preguntaron si lo sentía, y si tenía algún mensaje para la policía de Whittier.

“Acaban de probar lo que es ser miembro de una pandilla de L.A., un verdadero pandillero”, les respondió. “Y no, no lo siento”.

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