Brecha digital: California se olvidó de las áreas rurales, pero eso está a punto de cambiar

Hasta hace unos años, la mayoría de los estudiantes en Winters, una comunidad agrícola de 7,000 habitantes al oeste de Sacramento, no tenían computadoras en casa. Luego, la entonces alcaldesa de la ciudad, Cecilia Aguiar-Curry, impulsó un programa que les permitió a los estudiantes de sexto grado del distrito escolar pedir prestadas computadoras portátiles junto con sus libros de texto.

Sus padres también debían aprender a usar los dispositivos. Para algunos, era la primera vez que navegaban por la web o enviaban un correo electrónico.

“Ahora podrían ser una voz para su hijo”, informó Aguiar-Curry, quien creció en Winters. Ella recordó que algunos padres se emocionaron hasta las lágrimas. “Ahora podían trabajar en los campos durante el día, y por la noche podían volver a casa y usar la tableta de sus hijos y averiguar cómo les iba en la escuela”.

Durante la última década, los centros urbanos de California se han convertido en centros tecnológicos, ciudades donde el Wi-Fi gratuito y las líneas de fibra óptica son ubicuas. Pero en los vecindarios de bajos ingresos, en el interior del estado y en las comunidades rurales, que a menudo albergan a grandes poblaciones de inmigrantes, las familias luchan por conectarse.

Algunos funcionarios electos ven esa realidad como una prueba de que la brecha digital está dejando a muchas personas atrás, y se han propuesto remediarla.

En 2007, el estado estableció el California Advanced Services Fund (Fondo de Servicios Avanzados de California), que ofrece incentivos a las empresas para ayudar a cerrar la brecha. El programa permitió a los proveedores de banda ancha solicitar casi $300 millones en subvenciones para llevar líneas de cable de fibra óptica, cobre y otras a algunas de las regiones más pobres y de más difícil acceso del estado.

El objetivo era conectar el 98% de los 12.9 millones de hogares en California, una meta que hasta 2016 sólo registraba unos pocos puntos porcentuales de cumplimiento. Pero mientras que cerca de 12.3 millones de hogares en áreas urbanas contaban ese año con algún tipo de servicio de banda ancha por cable, menos de la mitad de los casi 680,900 hogares en áreas rurales habían sido conectados.

Incluso en octubre, en la pequeña ciudad de Laytonville, al norte de San Francisco, la conectividad era tan escasa que los residentes como Dorje Bond batallaban para saber cuándo y dónde evacuar durante los incendios forestales.

Trish Steel, presidenta del comité ejecutivo de Broadband Alliance del condado de Mendocino, sólo recientemente se pudo suscribir para el servicio de banda ancha. Antes de partir a la universidad, hace cuatro años, su hijo a menudo hacía su tarea entre la medianoche y las 5 a.m., cuando su plan de datos satelitales era ilimitado.

En Winters, Aguiar-Curry persuadió a un proveedor independiente en 2014 para extender el Wi-Fi gratuito a un complejo de viviendas públicas cercano durante unas horas cada noche para que docenas de estudiantes pudieran hacer sus deberes escolares. Más tarde, investigó la posibilidad de solicitar subvenciones federales de seguridad pública para pasar las líneas de fibra óptica a través de una presa cercana, conectando los departamentos de bomberos y las estaciones de policía que tenían acceso deficiente a internet, o no contaban con servicio.

Después de su elección a la Asamblea estatal, en 2016, Aguiar-Curry decidió ayudar a revivir la Ley de Internet para Todos Ahora, de California. El plan, obstaculizado durante mucho tiempo por los opositores en la Legislatura, propuso inyectar más dinero al California Advanced Services Fund y remodelar su misión para que comunidades como la suya se beneficien.

Resultó ser una de las batallas políticas estatales más duras de 2017.

Inicialmente, el fondo se había centrado en ampliar el servicio de banda ancha. Pagado durante más de cinco años con un pequeño cargo adicional en las facturas telefónicas de los residentes, el programa de $325 millones fue reautorizado en 2010 y ayudó a cubrir hasta el 70% de los costos de capital si proveedores como AT&T y Verizon expandían sus servicios a áreas con bajas velocidades de internet o ninguna otra opción que los módems de acceso telefónico.

Pero a lo largo de los años, el programa se amplió e incluyó fondos para conectar viviendas públicas y enfocarse en otros aspectos de la brecha digital, como proyectos para enseñar a los residentes a manejarse en la web y aumentar su acceso a computadoras, laptops y otros dispositivos electrónicos.

Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de finalización del programa, en 2015, miles de familias seguían desconectadas en pueblos pequeños y áreas rurales donde, con pocos clientes, las compañías tenían menos incentivos para construir. Amargos desacuerdos surgieron entre los defensores de la comunidad y las principales empresas de telecomunicaciones sobre cómo debía gastarse cualquier aumento adicional en el dinero para el programa.

Los esfuerzos legislativos para extender el cargo telefónico adicional fallaron dos veces. Los críticos aseguraban que el fondo estatal era una carga para los consumidores y que la Comisión de Servicios Públicos lo administraba mal, además de que se usaba algo de dinero para construir conexiones en áreas remotas, pero no necesariamente necesitadas.

Aguiar-Curry abordó la causa en la Asamblea ante la frustración de que las compañías de telecomunicaciones informaban que las áreas rurales, entre ellas Winters, ya estaban cubiertas, a pesar de que los residentes se quejaban de las velocidades lentas y las llamadas perdidas. Un estudio del condado de Yolo confirmó que los residentes y las empresas lidiaban con una mala conectividad y, a menudo, pagaban más por los servicios.

Ella también había visto lo que el acceso a internet había hecho por los niños de su ciudad. “A los estudiantes que nunca habían estado fuera de Winters, ni siquiera habían estado a una hora de distancia, en San Francisco, de repente se les abrió el mundo”, afirmó.

En el Valle de Coachella, más de 500 millas al sur de Winters, el asambleísta demócrata Eduardo García también consideraba revivir la Ley de Internet para Todos Ahora. Las autoridades escolares compraron 18,000 iPads en 2015 sólo para descubrir que el uso de las tabletas sobrecargaba la red.

García y Aguiar-Curry decidieron entonces trabajar juntos en la legislación para reautorizar el California Advanced Services Fund. Otro demócrata, el asambleísta Miguel Santiago, de Los Ángeles, los ayudó a construir una coalición bipartidista de legisladores de áreas rurales y urbanas para apoyarlo.

Las primeras discusiones se centraron en el cálculo de los números en disputa: ¿Cómo se mide el porcentaje de hogares en el estado que todavía necesitan internet? ¿Cuáles deberían ser las velocidades requeridas?

En las comunidades rurales, los residentes querían que el estado los ayude a pasar “de nada a algo”, pero la consigna era “más rápido es mejor” en áreas urbanas como Los Ángeles y San Francisco, donde los grupos de residentes desfavorecidos todavía luchan con las velocidades lentas o no tienen conectividad

Los miembros de la Asamblea decidieron centrarse primero en los distritos rurales, acordando autorizar $330 millones para el fondo en pos de conectar 300,000 hogares más para 2023. Esta vez, el objetivo del estado sería conectar el 98% de las casas en cada uno de los 17 consorcios, regiones geográficas formadas por grupos de defensores de la tecnología y funcionarios locales, que abarcan todo el estado.

El plan se aprobó abrumadoramente en la Asamblea, y republicanos y demócratas por igual denunciaron problemas de conectividad en todo el estado.

El asambleísta Jim Wood (D-Healdsburg) manifestó que algunos hospitales, escuelas y negocios en su distrito todavía tienen problemas con la falta de acceso a internet. El asambleísta James Gallagher (R-ciudad de Yuba) describió las casas en Oroville, donde un lado de la calle tiene servicio de internet de alta velocidad y el otro sólo puede conectarse con acceso telefónico lento.

Pero el fuerte apoyo de la ley no duró en el Senado estatal.

La región de North Bay, representada por los demócratas Wood y el senador Mike McGuire, de Healdsburg, se convirtió en la base de la oposición a la Ley de Internet para Todos Ahora una vez que los grupos de presión de la industria y los defensores de la tecnología intensificaron los esfuerzos para influir en los detalles finales del proyecto. Las viejas peleas sobre dónde y cómo gastar el dinero resurgieron.

Allí, creen los defensores de la comunidad, sólo una línea de fibra óptica atraviesa los condados de Sonoma, Mendocino y Humboldt. Cuando ésta deja de funcionar, como ocurrió cuando un grupo de vándalos intentaron cortarla en 2015, no hay acceso al 911, ni a los cajeros automáticos, y no hay manera de informar una interrupción para miles de residentes.

“Todos estamos de acuerdo en que el Estado Dorado es la tierra de la innovación, hogar de Silicon Valley. Pero cuatro horas al norte por la 101, damos un paso atrás en el tiempo”, afirmó McGuire.

Sin embargo, cuando Wood se unió a García, Aguiar-Curry y Santiago en la elaboración de los detalles del proyecto de ley en Sacramento, los grupos comunitarios regionales y los residentes de Mendocino se preocuparon de que se hicieran demasiadas concesiones a la industria tecnológica. Así, exigieron estándares de velocidad de internet más altos y levantaron la alarma sobre dar a las principales empresas de telecomunicaciones -como AT&T, Frontier y Comcast- demasiada ventaja sobre los proveedores más pequeños.

Una enmienda del Senado al proyecto de ley impedía a las compañías solicitar la asistencia estatal de banda ancha en áreas donde los proyectos federales siguen pendientes. Otra proveía a las compañías de un derecho preferente, brindando a quienes ya se encontraban en un área la oportunidad de manifestar su interés para construir antes que los recién llegados, aunque los residentes remarcaron que muchos de estos proveedores más grandes habían ofrecido durante mucho tiempo una cobertura limitada.

Steel, de la alianza de banda ancha de Mendocino, indicó que las compañías podían gastar sus dólares federales en cualquier parte del estado, sin dejar ninguna garantía de que sus proyectos se completarían en el área, mientras que las empresas más pequeñas quedarían fuera de servicio. “Tomaron un proyecto de ley bueno y lo hicieron tan malo que, en nuestra opinión, no tener un proyecto de ley hubiera sido mejor”, aseguró.

La versión final de la propuesta de Ley de Internet para Todos Ahora, de California, fue aprobada el año pasado con un apoyo abrumador en ambas cámaras, pero no sin algunas divisiones entre los legisladores: Wood votó por ella, McGuire en contra, citando preocupaciones de residentes como Steel.

La ley entró en vigor el 1º de enero y proporcionará $300 millones para infraestructura y $30 millones para otros esfuerzos, como ayudar a las familias a inscribirse en los servicios.

En Winters, donde todos los estudiantes de secundaria ahora usan Chromebooks y los niños están aprendiendo a codificar desde el segundo grado, los funcionarios del distrito escolar aplauden los esfuerzos de Aguiar-Curry, a pesar de la negociación legislativa. La asambleísta sabe que el proyecto de ley no es perfecto; el estado sólo podía hacer esto, indicó. Pero brindar algo de infraestructura para comenzar, podría ayudar a las comunidades a mejorar sus posibilidades de ganar dólares federales y privados para obtener más en el futuro.

En otras palabras, dijo, en muchos lugares pasarían de no tener nada a contar con algo.

Traducción: Diana Cervantes

Si quiere leer este artículo en inglés, visite: