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Pruebas contra exgobernador mexicano Duarte son “muy flacas”, afirma abogado

Las pruebas aportadas por la fiscalía mexicana en el proceso judicial contra el exgobernador Javier Duarte, acusado de corrupción, son “muy flaquitas”, afirmó hoy uno de sus abogados, Marco Antonio del Toro.

“La imputación es muy, muy flaquita”, dijo el letrado en una entrevista con Radio Fórmula.

Este sábado la fiscalía de México presentó las pruebas necesarias para que un juez procese al exgobernador de Veracruz por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, para del Toro, de las 82 pruebas ofrecidas al juez por el Ministerio Público solo hay dos que son importantes para la acusación, y se trata de los testimonios de dos “prestanombres” presuntamente utilizados para transferir recursos públicos.

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“De estos 82 (elementos de prueba) nos limitamos a dos testigos. Clave de toda la acusación, la resta de datos de prueba son humo”, afirmó el abogado.

No obstante, para uno de los fiscales del caso, Pedro Guevara, el caso contra Duarte, gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, es “sólido”.

“Si no tuviéramos los suficientes datos de prueba, seguramente el juez no lo hubiera vinculado a suceso, como sí pasó”, apuntó en entrevista radiofónica.

Este sábado se celebró la segunda audiencia del exmandatario e ante un juez, después de que fuera extraditado de Guatemala la pasada semana.

Esta segunda audiencia era decisiva para Duarte, pues el juez determinaba si lo enjuiciaba o lo dejaba libre de estos cargos, aunque todavía tiene otros temas pendientes con la justicia.

Según informó a Efe una fuente de la fiscalía general, el representante del Ministerio Público acreditó la desviación de 38 millones de pesos (unos 2,16 millones de dólares) en recursos.

No obstante, el desvío de fondos públicos podría aumentar porque la investigación sigue en pie, detalló.

Según varios organismos auditores, el desvío podría ascender hasta los 58.000 millones de pesos (unos 3.300 millones de dólares).

Duarte dejó el cargo el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción.

Pero se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra y ese mismo mes fue expulsado del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras seis meses de búsqueda, el exgobernador fue detenido el 15 de abril en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento de Sololá (Guatemala), y extraditado a México la pasada semana. EFE

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