Claudia, la norteamericana que desde hace un año busca a su padre secuestrado en Michoacán

Se le nota cansada. Se siente malhumorada. El sol de la tarde de Morelia le hace brillar los ojos de impotencia. Ha sido un día largo. Como todos los días de los últimos 365, otra vez estuvo a la espera de noticias en la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. De nuevo como desde un año, no hay respuestas; nadie le informa ningún avance en los trabajos de investigación en torno al secuestro de su padre Arnulfo Garibay Magaña. Es más, ni siquiera hay investigación.

A sus 36 años de edad Claudia Mónica Garibay, una norteamericana con raíces mexicanas, se enfrenta a la más terrible de las pesadillas: desde hace justamente un año recorre caminos y llanos, camina de pueblo en pueblo en Michoacán, buscando a su padre. No pierde la esperanza, tiene fe en que, aún sin ayuda de la autoridad, dará con su paradero. Ella está segura de que su padre aún está con vida.

“Tengo la seguridad de que mi papá está vivo. No lo voy a dejar de buscar así sea lo último que haga. Aunque me cueste la vida”, dice Claudia Mónica Garibay, mientras apaga el quebrar de garganta con un carraspeo y bebe el agua de limón de un vaso que ya no tiene ni rastros de hielo. Se recompone y trata de sonreír. Luego aflora el coraje:

“Nadie me hace caso –explica-, en la Fiscalía (de Michoacán) me juzgan de loca. En la embajada (norteamericana) no quieren que intervenga el FBI, y en la Fiscalía de la Nación (General de la República) no desean tomar la investigación. De hecho, a mi papá ya no lo quieren considerar como secuestrado. Lo pretenden dar por desaparecido”.

Esa es una práctica común en México. Cuando una persona es secuestrada y la autoridad ministerial quiere deslindarse del caso, solo reclasifica el delito; de un plumazo la víctima pasa del secuestro a la desaparición forzada. Su nombre se acumula en la larga lista de desaparecidos, y por ese solo hecho el caso queda sepultado en la impunidad.

Actualmente en México, de acuerdo a las cifras oficiales de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hay por lo menos 73 mil personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Solo en 2020 ya son 4 mil 960 los individuos que desaparecieron sin dejar rastro.

(ASSOCIATED PRESS)

Tierra de Desaparecidos

En México, nadie -que no sean los familiares directos- busca a las víctimas de desaparición. El gobierno federal, pese a que la desaparición forzada es uno de los principales indicadores de la violencia, no cuenta con políticas públicas ni mucho menos instancias exclusivas para la búsqueda de desaparecidos. La dolorosa tarea de búsqueda queda siempre a cargo de los familiares.

Actualmente en México, de acuerdo a las cifras oficiales de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hay por lo menos 73 mil personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Solo en 2020 ya son 4 mil 960 los individuos que desaparecieron sin dejar rastro.

La mayoría de las y los desaparecidos que se registran en México fueron a manos de miembros del crimen organizado, principalmente de algunas organizaciones del tráfico de drogas, pero otras, que no son pocas, perdieron su rastro tras ser detenidas por elementos de algunas policías estatales y municipales, incluso varios de ellos fueron desaparecidos luego de ser detenidos por elementos la fuerzas federales, incluido el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Esto lo entiende perfectamente Claudia Mónica Garibay. Sabe claramente que el Estado mexicano es cómplice en muchos casos de desaparición forzada. Motivo por el cual no quiere que a su padre se le considere como víctima de ese delito. Por eso ella misma ha iniciado su propia batalla legal contra las autoridades para que se mantenga abierto el expediente por el delito de secuestro. Es la única oportunidad que tiene para que las autoridades ministeriales realicen su trabajo de investigación.

Pero hasta hoy, a un año que decidió llegar a Michoacán para buscar a su padre, no ha logrado nada. Solo ha recibido evasivas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde –en este tiempo- no ha podido hablar directamente con el titular de la dependencia, Adrián López Solís. La Fiscal que lleva el caso ya ni siquiera la recibe, ni mucho menos le informa si hay avances en el curso de la investigación.

“No hay investigación del secuestro de mi papá –dice entre el coraje y la impotencia-. Con trabajos he podido acceder a la carpeta de investigación, la que por cierto está mal integrada: primero se clasificó el caso como un delito de extorsión, después se reclasificó a secuestro y ahora se intenta reclasificar otra vez para ubicarlo como un delito de desaparición”.

Claudia Mónica Garibay sabe que si se reclasifica el delito de secuestro de su padre para ubicarlo como desaparición forzada, será más difícil obligar a la autoridad ministerial a que haga su trabajo de investigación. Por eso ella misma ha decidido hacer su propia labor de investigación, con todos los riesgos que implica confrontar al crimen organizado de Michoacán.

El secuestro de Arnulfo

Arnulfo Garibay Magaña, hoy de 65 años de edad, fue secuestrado en Ecuándureo, un poblado al norte del estado de Michoacán. Un grupo armado se lo llevó la mañana del 22 de agosto de 2019. Desde entonces no se sabe nada de él. Arnulfo es originario de Ecuándureo. Desde los 17 años emigró a Estados Unidos. Con esfuerzo logró cumplir el sueño americano y se convirtió en un próspero empresario del ramo restaurantero.

Luego de años de trabajar arduamente, como asalariado en el campo y el comercio textil, Arnulfo Garibay pudo establecer algunos negocios propios en la zona de Sacramento y Stockton, en California. También realizó algunas inversiones en su natal Ecuándureo, de donde nunca se desarraigó. Cada año visitaba su localidad de origen, no solo para estar cerca de su familia sino para ver el avance de sus inversiones. No sabía que su prosperidad había despertado la codicia de algunos miembros del crimen organizado.

La mañana del 22 de agosto de 2019, el último día que fue visto, Arnulfo se disponía a reunirse con el encargado de uno de sus restaurantes que operaba en la orilla de la carretera La Piedad-Zamora. Se alistó y salió muy temprano de casa. Antes de la reunión, pasó por la plaza principal de su pueblo. Le gustaba sentarse en una banca en el jardín, para admirar las torres del Templo del Señora de La Paz. Decía que le remontaba a su infancia, cuando creció corriendo por el atrio.

Ese 22 de agosto, Arnulfo ya no pudo sentarse en su banca al sol de la mañana. Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta –según relataron algunos testigos- le cerraron el paso. Lo bajaron de su vehículo. Lo sometieron. En menos de tres minutos cometieron el plagio.

El comando armado, al que Claudia, con sus propias investigaciones, ha podido ubicar como parte de una célula de un cártel de las drogas, con total impunidad todavía circuló a bordo de la camioneta de la víctima y en la que ellos llegaron, por algunas calles de Ecuándureo. Los delincuentes se dieron el tiempo de llevar a su víctima a su propio domicilio para llevarse algunos objetos de valor.

Con su víctima a bordo, las dos camionetas salieron de Ecuándureo para perderse en los intrincados caminos rurales. Claudia, tras recorrer esos caminos, sabe exactamente cuál fue la ruta y destino de los delincuentes. De ello ha informado a la Policía Investigadora de Michoacán, pero la comandancia no ha querido enviar policías a esa región, “porque es una zona de alto riesgo”, le han dicho.

Claudia dice que siente un tirón en las tripas del coraje. Solo de acordarse de la respuesta del comandante de la policía de Michoacán, asegura que le dan nauseas. No entiende cómo es que un grupo de hombres armados y capacitados para enfrentar a la delincuencia no tienen el valor de entrar a la zona donde ella misma ya ha caminado siguiendo el rastro de su padre. La colusión es la única respuesta que le viene a la mente.

A solo tres días después del secuestro, los plagiarios hicieron contacto con la familia. La llamada del rescate la recibió una cuñada de Arnulfo. Le plantearon sus demandas económicas: pidieron la escrituras de varias propiedades inmobiliarias y la cesión de algunos de los negocios establecidos. Por la vida de Arnulfo, no hubo reticencias. Se acordó ceder a las peticiones de los secuestradores.

Ya estaba todo listo por parte de la familia de Arnulfo, para ceder las escrituras de sus bienes inmuebles, valuados en varios millones de pesos, cuando ya no hubo más comunicación. Los secuestradores nunca más volvieron a llamar. Fue cuando la familia del secuestrado pidió la intervención de la Fiscalía del Estado.

La respuesta de los investigadores fue lenta. Se apersonaron hasta después de tres días en el domicilio de la familia de Arnulfo. Los elementos de la policía asignados al caso, solo hicieron una inspección ocular en la casa de la víctima. Revisaron los teléfonos celulares de algunos de los familiares de Arnulfo que tuvieron contacto con los secuestradores. Hicieron algunas preguntas de rutina, y así como llegaron se fueron.

La Fiscalía del Estado nunca integró una carpeta de investigación por el delito de secuestro. El Agente del Ministerio Público asignado al caso incorporó un acta circunstanciada en la que estableció la comisión del delito de extorsión. Un delito nada grave comparado con el de secuestro. Allí se estableció como víctimas a algunos miembros de la familia de Arnulfo. Al propio Arnulfo Garibay, víctima directa, se le dejó de lado en la investigación de su secuestro.

Tomar cartas en el asunto

Tras pasar tres meses sin que la Fiscalía de Justicia de Michoacán diera informes a la familia de Arnulfo sobre el avance de las investigaciones, Mónica Claudia Garibay, la mayor de los cuatro hijos de Arnulfo, decidió ir a Michoacán. Dejó de lado la vida norteamericana y su carrera de diseñadora de modas que llevaba exitosamente en Modesto, y se apersonó ante la Fiscalía.

Ella sola, con el alma en vilo –como dice- recorre incansable el estado de Michoacán. No ha dejado de tocar una y otra puerta. Se ha reunido con policías, defensores de derechos humanos, buscadores de desaparecidos, periodistas y hasta con miembros del crimen organizado, con la única finalidad de ir armando el rompecabezas que le permita dar con su padre.

Como ciudadana norteamericana que es, igual que su padre, Claudia ha pedido la intervención del FBI en el caso, pero en la embajada de Estados Unidos se lo han negado. Le han argumentado que por normatividad, ahora justificada por la postura del gobierno mexicano que niega la acción de agentes extranjeros en suelo nacional, no pueden intervenir en la investigación de este caso. Le han recomendado lo obvio: que acuda ante la Fiscalía de Michoacán.

Pero en la Fiscalía estatal no hay respuesta. Y Claudia ya sabe el motivo, sus propias investigaciones le han llevado a la conclusión de la dolorosa realidad: la corrupción reinante en Michoacán ha hecho que algunos policías estatales se coludan con miembros del crimen organizado dentro del floreciente negocio del secuestro.

El secuestro es uno de los mejores negocios ilícitos en el estado de Michoacán. Es la actividad más rentable, apenas después del trasiego de drogas, la que permite el financiamiento de por lo menos 38 células del crimen organizado que operan en esta entidad y que mantienen infiltrada a la Fiscalía de Justicia del Estado.

“Por eso –explica Claudia-, igual que en muchos otros casos de secuestro, la Fiscalía (de Michoacán) se niega a investigar el caso de mi papá; hay nexos de corrupción entre los investigadores y los secuestradores. Por eso la insistencia en reclasificar el delito de secuestro por el de desaparición, para que se deje en el olvido”.

Las investigaciones que hasta el momento ha hecho Claudia por su propia cuenta, son sólidas: ya tiene identificados a los secuestradores, los tiene ubicados, sabe donde operan, solo hace falta que un funcionario honesto y con decisión de mando la escuche. Ella no se desanima. Sabe que en algún momento dará dentro de la maraña de servidores públicos con alguien que le ayude a encontrar a su padre.

“No voy a parar hasta que encuentre a mi padre, así me lleve toda la vida buscándolo y aunque para ello tenga que remover la última piedra de Michoacán. La Fiscalía pretende hacer pasar a mi padre como desaparecido, pero no es así. Mi Papá está secuestrado y vivo. De eso tengo la certeza, así me lo dicta una corazonada”, dice Claudia llorando de coraje e impotencia, mientras besa la foto de Arnulfo que aparece de pantalla en su teléfono celular.