Por qué la suerte del sheriff de Arizona Joe Arpaio depende de una sola palabra

Una sola palabra -“intencional”- podría transformar un juicio contra el sheriff Joe Arpaio, de cargos civiles a un proceso penal.

En el veredicto por desacato a la corte de Arpaio y otros tres de sus principales comandantes, el pasado viernes, el juez de distrito Murray Snow afirmó un mínimo de 19 veces que el sheriff o sus ayudantes habían violado repetida e intencionalmente órdenes judiciales de cesar sus prácticas de perfil racial contra los latinos. El 31 de mayo próximo, Snow determinará las sanciones civiles y examinará si Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, de Arizona, deberá presentarse ante el fiscal de dicho estado por posibles cargos criminales.

Arpaio reconoció haber violado la orden de Snow, pero dijo que se había tratado de un error. Al considerar posibles cargos penales, el juez deberá decidir si las violaciones de Arpaio a sus órdenes fueron intencionales. Mientras tanto, el magistrado tuvo palabras inusualmente duras para con el sheriff.

“La aplicación desmedida, parcial e injusta de disciplina por parte de los demandados dañó desproporcionadamente [sic] a los miembros de la clase demandante”, escribió Snow.

En un caso civil interpuesto en 2011 por conductores latinos contra Arpaio y sus ayudantes, Snow determinó que el sheriff había animado a sus auxiliares a someter particularmente a los conductores latinos a controles de tránsito más exhaustivos que los que se realizaban a conductores blancos, y ordenó al sheriff poner fin de inmediato a esa práctica.

Dos años más tarde, el juez descubrió que Arpaio había continuado con las prácticas, y por ende violado su orden. En un mitin en Houston realizado al año siguiente, Arpaio dijo a sus seguidores que lo había hecho “por despecho” y había arrestado a 500 personas, aunque más tarde manifestó en documentos judiciales que lo había hecho inadvertidamente.

En el fallo del viernes, Arpaio fue considerado en desacato por tres cargos. En tanto, el jefe adjunto Jerry Sheridan fue encontrado en desacato de dos cargos, mientras que el jefe retirado Brian Sands y el teniente Joe Sousa fueron hallados en desacato de un cargo cada uno.

“La corte considera que los demandantes han participado en varios actos de mala conducta, deshonestidad y mala fe”, escribió Snow. “Durante la audiencia de prueba, el sheriff Arpaio y el jefe adjunto Sheridan realizaron varios falsos testimonios, de hecho, bajo juramento”.

En las audiencias del año pasado, Arpaio, el octogenario que se hace llamar “el sheriff más rudo de los EE.UU.”, pareció marchitarse durante los interrogatorios, en particular cuando se le preguntó acerca de una iniciativa que había llevado a cabo para investigar al juez. Un abogado de Arpaio había contratado a un investigador privado para indagar en los comentarios que la esposa de Snow supuestamente había realizado en un restaurante. Allí, un informante aseguró que la mujer había dicho que el juez no deseaba que Arpaio fuese reelecto.

Arpaio se disculpó con Snow por la investigación, pero el abogado del juez también usó el incidente para argumentar que Snow ya no era imparcial y que debía recusarse del caso. No obstante, el juez declinó tomar esa decisión.

En su fallo por desacato, Snow dijo que Arpaio y sus auxiliares no habían presentado evidencias en video a la parte demandante en el caso civil, habían desobedecido órdenes y continuado con sus prácticas de perfil racial contra los latinos.

Snow comprobó, además, que Arpaio ocultó miles de piezas de evidencia de los demandantes y eliminó relevantes evidencias digitales guardadas en discos duros.

Sus máximos oponentes exigieron la renuncia del sheriff. “Cualquier funcionario público que haya sido encontrado culpable de prácticas de perfil racial e ignore las órdenes judiciales no puede ser confiable en temas de seguridad y bienestar de la comunidad, y debería renunciar por vergüenza”, expresó el mismo viernes a través de un comunicado el grupo de derechos de inmigrantes Puente Arizona.

El grupo ACLU, que inició el caso original contra Arpaio, exigió una supervisión más estricta y transparencia por parte de la oficina del sheriff. “Se necesitan medidas fuertes para proteger los derechos de la comunidad, empezando por investigaciones internas que erradiquen y sancionen las conductas desviadas”, aseguró Cecillia Wang, directora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU. “Esté dispuesto o no, al sheriff se le hará cumplir la ley”.

El fallo del viernes fue una de las más serias derrotas de Arpaio, pero no le impide continuar en el cargo, y el sheriff ya ha anunciado su intención de postularse para un séptimo mandato en noviembre próximo.

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