La secretaria de Educación, Betsy DeVos, inicia una batalla emocional por las normas de las agresiones sexuales en los campus

Después de sobrevivir a duras penas su batalla por la confirmación del puesto y de enfrentarse a protestas esporádicas durante sus recorridos por las escuelas, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, difícilmente podría haber planteado un tema más cargado, emotivo y divisorio para iniciar su mandato: la agresión sexual en el campus.

Aunque prácticamente nadie está contento con los esfuerzos de la administración de Obama para presionar a los colegios y universidades a investigar y combatir de forma más agresiva la violencia sexual en el campus, no hay grandes acuerdos acerca de cómo mejorar las cosas.

Todos -desde los presuntos sobrevivientes, acusados y hasta los funcionarios escolares- se quejan de que el sistema actual no funciona.

DeVos sorprendió con su contacto, el mes pasado, a los estudiantes sostienen haber sido falsamente acusados de agresión. Estos alumnos, en su mayoría hombres, remarcan que las reglas del expresidente Obama presionaron a las escuelas a crear un proceso en su contra.

Los administradores de los campus remarcan que las directrices crearon expectativas poco realistas, forzándolos a tomar partido incluso en los casos donde los hechos son confusos, y a desempeñar un papel procesal, a menudo sin la formación apropiada.

Incluso los defensores de las víctimas explican que el sistema actual se ha quedado corto, y que llevó a algunas universidades -deseosas de proteger su reputación y de evitar el proceso obligatorio de presentación de informes e investigación desencadenado por las reglas- a disuadir a los estudiantes de denunciar las agresiones sexuales.

Ahora hay una carrera virtual para hacer que DeVos los escuche, mientras recolecta información para lo que podría ser una revisión de las normas de la era Obama.

El expresidente publicó una serie de directrices en 2011 y 2014, donde se detalló la forma en que los colegios y las universidades deben manejar los casos de agresión sexual. El incumplimiento de las reglas, que proporcionaron una interpretación actualizada y aplicación de la regla antidiscriminatoria conocida como Título IX, podría resultar en una investigación por parte de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación y una pérdida de financiación con fondos federales.

Aunque la orientación ayudó a aumentar la atención y los recursos dedicados a la cuestión, los grupos de víctimas aseguran que persisten algunos problemas, entre ellos la dificultad para comunicarse con el coordinador del Título IX de la casa de estudios, la falta de notificación o información adecuada con respecto a una investigación y, a menudo, una cierta reticencia para confrontar el problema.

“[Nosotros] todavía consideramos este exabrupto con que hay algo malo con el estudiante que efectivamente realizó la denuncia”, afirmó Fátima Goss Graves, presidenta del National Women’s Law Center. Goss Graves y otros se preocupan de que DeVos pueda reducir las reglas federales o hacer que el proceso de denuncia sea más engorroso para los acusadores.

“Lo último que necesitamos es que DeVos y su persona encargada de los derechos civiles [la secretaria adjunta, Candice Jackson] empiecen a decir cosas que implican que uno puede comparecer, pero se enfrentará a una montaña realmente grande en el proceso”, señaló el fiscal general de California Xavier Becerra, en una entrevista. Él y otros 19 abogados generales firmaron una carta en julio pasado, donde instaron a DeVos a mantener las directrices de la era Obama. “La vergüenza de la víctima y que no se haga nada con el perpetrador llevará a las personas a guardar el secreto”, manifestó.

Jackson fue atacado en julio último, cuando dijo en un artículo del New York Times que el 90% de las denuncias “caen en la categoría de ‘ambos estábamos borrachos, habíamos terminado la relación’”. Más tarde se disculpó por su declaración, pero los grupos de defensa de las víctimas afirman que sus comentarios alimentaron la preocupación de que el departamento no está comprometido con la protección de las presuntas víctimas.

Sus preocupaciones con la administración actual comenzaron a inicios del mandato de DeVos, cuando la funcionaria se negó a garantizar que mantendría las directrices actuales y aprobó la anulación de las protecciones del Título IX para los estudiantes transgénero.

Por otro lado, los acusados de agresión sexual sostienen que están luchando contra un sistema que parece asumirlos como culpables. Se quejan de que a menudo no se les informa qué información tiene el investigador, y de que no están seguros de quién puede ayudarlos en su defensa.

Ahora, todos ellos tienen la esperanza de que DeVos mejore el estándar de la evidencia utilizado por los administradores escolares del requerimiento de “preponderancia de la evidencia” -más del 50% probable de que haya ocurrido un hecho de violencia sexual- a uno similar a “evidencia clara y convincente”.

También buscan eliminar lo que algunos funcionarios de diversos campus sostienen es la presión para encontrar a un responsable de la agresión. Las reglas explican que una universidad debe hacer una recomendación de una manera u otra dentro de un plazo de 60 días. Eso a menudo es difícil en los casos en los que incluso la policía no puede realizar una determinación certera debido a la falta de pruebas y testigos.

“Antes de que la Oficina de Derechos Civiles incrementara realmente sus esfuerzos en este tema, estábamos preparados para cometer errores y no hallar responsabilidad”, afirmo Janet Halley, profesora de derecho de la Universidad de Harvard, quien criticó públicamente la política de la escuela. “Necesitábamos cambiar. Pero ahora hemos sobrepasado el punto medio en el que estábamos tratando de ser justos con todos los estudiantes”.

De alguna manera, bajo el mandato de DeVos, el departamento ya ha relajado las reglas de Obama. Jackson anunció que al departamento ya no se le exigirá revisar automáticamente datos de tres años de antigüedad y documentos sobre agresiones sexuales de una escuela después de que ésta recibe una denuncia de mal manejo de un caso.

Los funcionarios de educación superior señalaron que el temor acerca de tales revisiones federales generó temor entre las escuelas a ser calificadas como instituciones que no toman en serio las agresiones sexuales.

Muchas entidades aseguran haberse confundido con la orientación actual, de acuerdo con Dana Scaduto, consejera general del Colegio Dickinson en Pennsylvania.

Scaduto sugirió que el gobierno debería dejar de centrarse en una solución “universal” y reconocer que “las escuelas necesitan tener la misma responsabilidad para resolver las situaciones de forma imparcial y justa, pero que eso podría parecer diferente en diferentes planteles”.

Algunos argumentan que el activismo en los campus y la presión de los estudiantes -a quienes se les atribuye en gran medida haber llamado la atención respecto de este tema bajo la administración de Obama- instará a los colegios y universidades a mantener las prácticas actuales, independientemente de lo que haga DeVos.

Brett Sokolow, director ejecutivo de la Asociación de Administradores del Título IX, que proporciona orientación profesional a los planteles, recomendó que las escuelas “no aflojen su postura, hasta conseguir lo que desean”. “El Título IX tiene una trayectoria de 45 años. Durante ese tiempo, ha sufrido altibajos”, expresó. “Este es un período en el que, durante cuatro u ocho años, menguará un poco en el énfasis federal”.

Traducción: Diana Cervantes

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