Sindicatos de P.Rico rechazan los recortes de jornada laboral con una marcha
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San Juan — Los sindicatos puertorriqueños rechazaron hoy con una manifestación por las calles de la capital de la isla la reducción de jornada laboral que exige la entidad federal de control al Ejecutivo por el daño que denuncian provocará a los trabajadores y la marcha de la economía.
Una manifestación convocada por la Coordinadora Sindical, que agrupa a distintas organizaciones sociales, recorrió el distrito financiero de Hato Rey para confluir en las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo que exige una reducción de jornada laboral de 2 días por mes para los empleados públicos.
La JSF entiende que esa medida es indispensable para contar con una cuentas públicas equilibradas dada la situación por la que atraviesa la isla, con una deuda impagable de 70.000 millones de dólares.
La entidad federal, ante la negativa del Gobierno de Ricardo Rosselló de implementarla la medida, decidió esta semana llevar al Ejecutivo a los tribunales.
La manifestación, que según los convocantes reunió a varios miles de personas, no registró incidentes destacables y violencia, a diferencia de la del pasado 1 de mayo, en la que se vivieron al final de la marcha incidentes que se saldaron con varias detenciones, daños en el mobiliario urbano y escenas de violencia poco habituales en la isla.
El portavoz de la Coordinadora Sindical, Luis Pedraza Leduc, señaló a Efe que la pretendida reducción de jornada laboral prevista para el próximo 1 de septiembre no solo tendrá un efecto en el bolsillo de los trabajadores.
“La reducción de jornada laboral afectará al bolsillo de las personas, pero es que además entrará menos dinero en la economía”, señaló el líder sindical, para el que se trata de la medida que menos necesita Puerto Rico, que sufre desde hace más de una década una profunda crisis.
“La reducción de sueldo va a llevar a los empleados del Gobierno a bajar sus gastos, lo que a su vez es un golpe a las empresas que les dan servicio, como el negocio donde compran sus almuerzos, la recreación, viajes y hasta el pago del agua y la electricidad”, sostuvo Pedraza Leduc.
Resaltó que además de contra la reducción de la jornada laboral, la protesta se dirige contra la que denunció eliminación del sistema de pensiones de los empleados públicos, que como subrayó afectará a cerca de 300.000 personas en el futuro.
Pedraza Leduc advirtió que se trata de un asunto al que no se ha prestado suficiente atención pero que como indicó es si cabe más preocupante que la reducción de la jornada laboral.
El presidente de La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Jaime Figueroa Jaramillo, denunció durante el discurso que dio fin a la protesta que no se puede permitir que una Junta impuesta por Washington venga a resolver los problemas de Puerto Rico.
La Utier, además de apoyar la manifestación de hoy, convocó un paro de 24 horas contra el que denuncian intento de privatizar la corporación pública de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), fuertemente endeudada.
La manifestación congregó a miembros de la Unión General de Trabajadores, Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep), Únete, Educamos y Educadores Puertorriqueños en Acción y otros sindicatos.
El líder de la Utier advirtió de que aunque la JSF y el Gobierno piensen que con la sonada manifestación del pasado 1 de mayo habían terminado las protestan continuarán mientras se siga perjudicando a los trabajadores.
Los sindicatos entienden que la reducción de jornada laboral y la normativa que acaba con el sistema de pensiones de los empleados públicos son la gota que colma el vaso de una situación ya de por sí crítica a causa de los recortes en los servicios públicos que se prestan a la población derivados de la necesidad de cuadrar las cuentas públicas.
La JSF es una entidad que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada en 2016 por el Congreso en Washington para afrontar el tema de la deuda impagable de Puerto Rico.
Esa entidad ha impuesto al Ejecutivo local una política financiera restrictiva en el gasto para contar con unas cuentas públicas sin déficit que implican los recortes.
