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Las autoridades de Costa Rica y Panamá confiscan los pasaportes y celulares de los migrantes, les niegan el acceso a asistencia jurídica y los trasladan entre puestos remotos mientras lidian con la logística de un flujo migratorio que, de pronto, circula a la inversa.
Las restricciones y la falta de transparencia suscitan las críticas de observadores de derechos humanos y provocan respuestas cada vez más tensas por parte de los funcionarios, que sostienen que sus acciones buscan proteger a los migrantes de los traficantes de personas.
Ambos países han recibido cientos de deportados de distintos países enviados por Washington mientras el gobierno del presidente Donald Trump intenta acelerar las expulsiones. Al mismo tiempo, miles de migrantes rechazados en Estados Unidos han comenzado a dirigirse hacia el sur a través de Centroamérica: Panamá reportó 2.200 entradas en febrero.
La situación refleja la política migratoria actual estadounidense, apuntó Harold Villegas-Román, profesor de ciencias políticas y experto en refugiados de la Universidad de Costa Rica. Según Villegas-Román, el foco no está en los derechos humanos, sino en el control y la seguridad.
En su primer mes la administración este gobierno ha hecho acuerdos migratorios con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como países ‘puente’
Deportaciones y migración inversa
A principios de mes, Estados Unidos envió 299 deportados, en su mayoría de naciones asiáticas, a Panamá. Quienes estuvieron dispuestos a regresar a sus países —alrededor de 150 por el momento— embarcaron en vuelos con la ayuda de agencias de Naciones Unidas y pagados por Estados Unidos.
Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Exteriores de Panamá, dijo el jueves que un pequeño grupo está en contacto con organizaciones internacionales y con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, mientras consideran solicitar asilo en el país.
“Ninguno de ellos quiere quedarse en Panamá. Quieren ir a Estados Unidos”, dijo en una entrevista telefónica desde Washington. “No podemos darles ‘green cards’, pero podemos llevarlos de regreso a casa y, por un breve período de tiempo, ofrecerles apoyo médico y psicológico, así como alojamiento”.
A pesar de las amenazas de Trump de recuperar el control del Canal de Panamá, Ruiz-Hernández apuntó que la nación centroamericana no actuó bajo presión estadounidense, sino que sus medidas responden al interés nacional. “Somos amigos de Estados Unidos y queremos trabajar con ellos para enviar una señal de disuasión”, agregó.
Según el vicecanciller, algunos de los deportados que están en Panamá tendrían la opción de quedarse en un refugio creado en su día para atender al gran número de migrantes que se dirigen hacia el norte a través del Tapón del Darién.
Una deportada china que está retenida actualmente en el campamento, y que habló bajo condición de anonimato para evitar represalias, dijo que no se le brindó otra opción.
Fue deportada a Panamá sin saber a dónde la enviaban, sin firmar los documentos de expulsión en Estados Unidos y sin saber con claridad cuánto tiempo estarían allí. Es una de los trasladados desde un hotel de la Ciudad de Panamá —donde algunos colocaron carteles en las ventanas pidiendo ayuda— a un campamento remoto en la región del Darién.
Hablando con la AP a través de mensajes con un celular que mantuvo oculto, dijo que las autoridades confiscaron los teléfonos de otros y no les ofrecieron asistencia legal. Otros han contado que no han podido contactar a sus abogados.
“Esto nos privó de nuestro proceso legal”, afirmó.
Preguntado por la falta de acceso a asistencia legal, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cuestionó el jueves la idea de que los migrantes tuvieran abogados.
“¿No parece casual que esa pobre gente tenga abogados en Panamá?”, apuntó Mulino.
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos se está preparando para despedir a por lo menos 7.000 empleados de su plantilla de 60.000, según una persona familiarizada con los planes de la agencia que no está autorizada a hablar públicamente.
“Agujero negro para migrantes deportados”
Costa Rica y Panamá han negado hasta ahora el acceso a la prensa a las instalaciones donde están retenidos los migrantes. Panamá había invitado a reporteros al Darién esta semana, pero canceló la visita.
“Panamá no puede convertirse en un agujero negro para migrantes deportados”, señaló Juan Pappier, director adjunto de Human Rights Watch para América. “Los migrantes tienen derecho a comunicarse con sus familias, a buscar abogados y Panamá debe garantizar transparencia sobre la situación en la que se encuentran.”
Costa Rica ha enfrentado críticas similares por parte de la entidad independiente de derechos humanos del país, que ha expresado su alarma por las “fallas” de las autoridades a la hora de garantizar unas condiciones adecuadas para los deportados. De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, a los migrantes se les despoja de sus pasaportes y de otros documentos y no se les informa sobre lo que sucede o a dónde van.
Aislamiento y confusión en la ruta hacia el sur
Panamá y Costa Rica, que durante mucho tiempo fueron países de tránsito para quienes migran al norte, han tratado de lidiar con el nuevo flujo hacia el sur y organizarlo.
Kimberlyn Pereira, una venezolana de 27 años que viaja con su esposo y su hijo de cuatro años, era una de esas personas.
Pereira esperó durante meses para obtener una cita de asilo en México después de cruzar el peligroso Tapón del Darién, que separa Colombia y Panamá, y cruzar Centroamérica en dirección norte. Pero tras la llegada de Trump a la Casa Blanca y el bloqueo de las vías legales de entrada legal a Estados Unidos, se rindió y decidió volver a casa a pesar de las crisis que padece Venezuela.
Después de una semana retenida en un centro de detención costarricense cerca de la frontera con Panamá, expresó su “desesperanza”.
Los funcionarios allí les habían dicho que serían trasladados en avión a Cúcuta, una ciudad colombiana próxima a Venezuela. Pero los subieron en autobuses y los llevaron a un puerto panameño en el Caribe.
Pereira señaló que se sentía más protegida, que habían recibido comida y que su única preocupación era la “confusión” en torno al proceso.
Mientras ella y otros migrantes hablaban con un reportero de la AP en un lugar público, las autoridades migratorias panameñas se mostraron visiblemente molestas y subieron a casi 200 migrantes de nuevo a los buses para llevarlos a un edificio cercano. Cuando los periodistas intentaron seguirlos, los funcionarios de inmigración se detuvieron temporalmente a un lado de la carretera para tratar de evitar que los siguieran.
Un nuevo informe gubernamental añade evidencia de que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que una vez fue considerada peligrosa por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F.
Las autoridades panameñas rechazaron realizar comentarios sobre el incidente, pero tras expresar preocupaciones sobre la libertad de prensa, se permitió que los reporteros contactasen con los migrantes.
Antes del amanecer del jueves, Pereira y otros migrantes subieron en botes de madera que los llevaron cerca de la frontera entre Colombia y Panamá, desde donde planeaban seguir su viaje. Pagaron hasta 200 dólares cada uno por el viaje.
“No entiendo por qué echan a los periodistas, por qué estamos tan aislados si el gobierno supuestamente está ayudando”, manifestó.
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